La crisis humanitaria venezolana, hija del conflicto político y la debacle económica, espanta y duele. Recorriendo las calles de Bogotá, me encuentro a cada paso una multitud de venezolanos, de todas las procedencias geográficas, raciales y sociales, luchando por sobrevivir. Los más afortunados —algunos de ellos antiguos colegas universitarios— consiguen acopiar algún excedente monetario, para enviar a las desesperadas familias que dejaron detrás.
A partir de 2015, la migración venezolana aumentó exponencialmente. Desde entonces no ha dejado de crecer el volumen y frecuencia de las salidas. BBC reportaba que, para el 31 de diciembre de 2018, salían diariamente de Venezuela unas 5,000 personas rumbo a Colombia. A inicios de abril pasado, el director de Migración Colombia reiteró que en ese país residían “más de 1.6 millones de venezolanos”. Autoridades de la ACNUR1 creen que, de continuar con este ritmo, la emigración para finales de 2019 llegará a los 5 millones de venezolanos fuera de su país. Cifra que ascendería, para 2020, a 9 millones de migrantes: un éxodo comparable al de la Siria azotada por la guerra civil. Los venezolanos inundan hoy las calles de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, entre otros países vecinos.
Human Rights Watch caracteriza la situación venezolana como una crisis humanitaria2. Catástrofe constatada por Michel Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tras su visita al país. A su salida, Bachelet ofreció un informe sobre la crisis multidimensional de los Derechos Humanos en Venezuela, donde reconocía que: “…el ejercicio de los derechos sociales y económicos han seguido deteriorándose continuamente. …los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas se han visto especialmente afectados. …Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y gravedad de la crisis en materia de cuidado médico, alimentación y servicios básicos, …La reciente interrupción del flujo eléctrico que ha afectado a todo el país ha agravado esta situación… ha afectado a hospitales… aún no se sabe el número de víctimas. La escasez de agua y de gas natural y el colapso del transporte, sigue afectando a muchas personas. …Combinada con la hiperinflación, genera atroces condiciones”.
Aunado al desplome de la economía y el naufragio de las políticas públicas, el éxodo es abonado por la reiterada violación de los DDHH por parte de los agentes estatales y paramilitares, que reprimen cualquier forma de disidencia política y protesta social. Poniendo a la población civil en un estado de indefensión absoluta. Dicha población sufre cortes del servicio eléctrico que duran horas y hasta días enteros, lo que interrumpe el servicio de agua potable. La infraestructura sanitaria está colapsada y las enfermedades contagiosas pululan.
Los migrantes venezolanos no son simples migrantes económicos. Es gente que escapa para sobrevivir. Víctimas de un Estado fallido y un gobierno criminal. Desplazados que merecen toda nuestra solidaridad personal, así como las acciones más efectivas y urgentes que pueda implementar la comunidad internacional. No los abandonemos a su suerte.