De 1970 a 1982, la economía mexicana se derrumbó debido a dos sexenios presidenciales de malas decisiones económicas: endeudamiento y gasto excesivos con poca recaudación, tipo de cambio fijo sobrevaluado, política monetaria expansiva, control de precios, estatización de empresas poco productivas para salvarlas de la quiebra y expropiación de empresas productivas con fines políticos.
El Estado mexicano se ocupaba de producir bicicletas y distribuir el papel a los periódicos, mientras la inflación alcanzaba niveles del 100 por ciento y los ahorros de las familias se pulverizaban. El desbordante poder público causaba estragos políticos, pero también económicos: en el mismo informe de gobierno, el Presidente lloraba por haberle fallado a los mexicanos pero anunciaba la —injustificada y autoritaria— nacionalización de la banca.
La generación que creció en ese ambiente de incertidumbre veía con claridad que urgía cambiar el paradigma bajo el cual se manejaba la economía mexicana. El ITAM, que desde su fundación ha sido liberal y no “neoliberal” como ahora narra el discurso oficial, le proporcionó a un grupo de esa generación, junto con formación técnica y rigor académico, una visión distinta del manejo de la economía —visión que luego pudieron enriquecer en universidades extranjeras—.
Esos “tecnócratas”, hoy enemigos públicos número uno, durante 20 años fueron los encargados de rediseñar el manejo de la economía mexicana para sacar al país de la precaria situación en que se encontraba. Propusieron instituciones y prácticas que limitaron la participación del Estado, lograron estabilidad y dieron a la economía mexicana proyección internacional. Hoy, no se podría formar una mayoría sólida que quisiera sacar a México del libre comercio, o que estuviera a favor de quitar la autonomía al Banco de México o de que el Ejecutivo se endeudara y gastara desaforadamente: todas son herencias de los “tecnócratas”, muchos de ellos egresados del ITAM.
Claro que existen egresados del ITAM que han incurrido en actos de corrupción o que buscan preservar sus privilegios a costa del bienestar general, pero por cada uno de ellos hay decenas que cumplen cabalmente su compromiso de servir a México. También es verdad que queda pendiente erradicar la corrupción y la pobreza del país, pero eso no es culpa de una universidad ni elimina el trabajo que permitió que el país ahora pueda tener nuevas prioridades.
El ITAM no enseña que el Estado no deba tener participación alguna en la economía, que no se deba luchar contra la pobreza o que el país deba repartirse entre los ricos. En cambio, una de las principales enseñanzas que nos deja es que los recursos son finitos, por lo que deben asignarse bajo criterios de eficiencia. Ahí, creo, es donde el ITAM da en el nervio a la Cuatroté: la actual administración desprecia la técnica porque reconocer que los recursos son escasos y que las buenas intenciones no siempre son un criterio óptimo derrumba su agenda de gobierno.