Hemos señalado alguna vez aquí que, a nuestro parecer, el gobierno cubano decidió perder la mejor oportunidad de reformar profundamente la Constitución vigente en la isla. El pasado proceso constituyente permitía a los líderes cubanos dar el impulso decisivo a una democratización interna del sistema por medio de mayores libertades públicas, autonomía de la sociedad civil y un nuevo diseño electoral basado en dos demandas mínimas: la eliminación de las “comisiones de candidatura” y la elección directa del jefe de Estado.
Si no lo hicieron no fue porque no podían sino porque no quisieron. Las razones de esa negativa son varias y complejas, pero probablemente se encuentren en una mezcla de ortodoxia ideológica, miedo a una mayor distribución del poder y acomodamiento al nuevo polo geopolítico (Rusia, Venezuela, Bolivia, Nicaragua) que alienta y premia el inmovilismo en Cuba. Basta un ejemplo para observar el efecto negativo de la deficiente reforma constitucional en las leyes fundamentales del país.
La nueva ley electoral, aprobada unánimemente por la Asamblea Nacional y que reforma la de 1992, introduce una nueva institución, el Consejo Electoral, que tiene instancias a nivel municipal, provincial y nacional, a pesar de que las asambleas provinciales y, por tanto, el proceso electoral intermedio, se eliminan. Aunque la Constitución establece que el Consejo Electoral Nacional “tiene independencia funcional frente a cualquier otro órgano”, sus 21 miembros “son electos por la Asamblea Nacional o el Consejo de Estado”, es decir, por el supremo poder legislativo y ejecutivo de la nación, que ahora están más fundidos.
Además de esos consejos, la nueva ley mantiene la estructura burocrática de las comisiones electorales de circunscripción, distrito y las llamadas “comisiones electorales especiales”. Esas comisiones, de acuerdo con la propia ley, “organizan, presiden y dirigen” tanto el proceso de nominación como el de elección. A esas comisiones técnicas se agregan otras, más políticas, las “comisiones de candidatura”, también a los tres niveles, que “elaboran y presentan los proyectos de candidatura de diputados a la Asamblea Nacional, y cubren los cargos que eligen esta y las asambleas municipales”.
La nominación del parlamento, que elige al presidente, corre a cargo de esas comisiones. Los comisionados provienen del propio Estado: la Central de Trabajadores, los Comités de Defensa, la Asociación Nacional de Agricultores, la Federación de Mujeres y las asociaciones estudiantiles. La propaganda oficial cubana presume de que las nominaciones no las realiza el Partido Comunista, pero la máxima dirigencia de esas organizaciones milita, mayoritariamente, en el partido único. En Cuba no sólo se elige de manera indirecta a los titulares del poder ejecutivo y legislativo de la nación sino que los candidatos a esas posiciones son designados por el poder.
