La forma más fácil, la más perezosa, de leer la crisis ecuatoriana actual es recurrir al cómic del superhéroe Rafael Correa contra el villano Lenín Moreno y concluir que la Revolución Ciudadana regresa por sus fueros y se enfrenta a un régimen que traicionó a la izquierda bolivariana. Nos toparemos con muchas versiones de esa lectura en los próximos días, pero la realidad, como siempre, suele ser más intrincada.
La economía ecuatoriana está en crisis desde 2016, cuando todavía gobernaba Rafael Correa. En un artículo aparecido en la revista argentina Nueva Sociedad, en el verano de 2018, John Cajas Guijarro analizaba el asunto al detalle. En el periodo final de la presidencia de Correa se produjo la caída de los precios de los commodities y el desplome del crudo ecuatoriano de 100 a 22 dólares el barril. A esos golpes se sumó el terremoto de abril de 2016, dejando un saldo de 600 muertos y una contracción económica de -0.7% del PIB.
Recordaba Cajas Guijarro en aquel artículo que Lenín Moreno había heredado de Rafael Correa un aumento de la deuda pública de 10 000 millones de dólares en 2009 a más de 43 000 millones a principios de 2017. De manera que tanto la desaceleración económica como el endeudamiento del Ecuador no son atribuibles al gobierno de Moreno, de acuerdo con las propias estadísticas oficiales publicadas por la administración de Correa en sus últimos años.
Lo que sí cae dentro de la total responsabilidad de Moreno es la solución diseñada para enfrentar la crisis y el manejo, claramente autoritario, de la inevitable reacción social al ajuste. Luego del desastre del neoliberalismo de los años 90, que hizo colapsar la gobernabilidad en casi todos los países de la región, no se pueden aplicar ese tipo de ajustes sin una estrategia política adecuada, que asegure el consenso.
El gobierno de Lenín Moreno ha procedido a una solicitud de préstamos del FMI, seguida de alza de impuestos y precios de combustible, sin iniciativas apropiadas de mediación y compensación. Especialmente, con las comunidades indígenas, que tuvieron una relación tan conflictiva con el gobierno de Correa. La tesis de que el correísmo está detrás de las protestas contra Moreno, que manejan tanto el propio gobierno ecuatoriano como diversos medios bolivarianos, quiere borrar la larga historia de desencuentros entre el indigenismo y el desarrollismo durante la Revolución Ciudadana.
Moreno, que fue Vicepresidente de Correa, conoce esa historia, por lo que su falta de tacto en la aplicación del ajuste se hace más evidente. Una vez desatada la explosión social, el comportamiento del gobierno ha sido claramente autoritario. El presidente se ha escudado en el ejército y ha criminalizado las protestas, recurriendo al mismo expediente de la izquierda bolivariana —el “golpe de Estado”—, cuando lo recomendable es una negociación multisectorial, con los movimientos sociales y la oposición política, que preserve la gobernabilidad.
