Desde que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, en manos del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido en el poder en ese país andino desde hace trece años, resolvió, en 2017, que los resultados adversos del referéndum del año anterior no eran vinculantes y que el presidente podía reelegirse por cuarta vez, la maquinaria política de Evo Morales se puso en marcha para lograr su perpetuación en el mando.
El último acto de esa prolongada ofensiva tuvo lugar el pasado domingo cuando, en medio de una tendencia que reducía a menos de cinco puntos la ventaja de Morales sobre su rival más próximo, Carlos Mesa, se interrumpió el conteo electoral por 24 horas consecutivas. El lunes, al recuperarse el sistema electrónico, el cómputo electoral había pasado del 85% al 95% del padrón, con más de diez puntos de ventaja para Morales.
Es lógico que tras una irregularidad de ese tamaño la oposición salga a las calles a expresar su enojo. Sólo una explicación técnica oportuna y convincente pudo haber despejado las dudas sobre la credibilidad del proceso electoral. Pero todo sucedió a la velocidad de los fraudes, tan reconocibles en esta América Latina, desde la izquierda hasta la derecha. El objetivo del gobierno era la cuarta reelección de Morales y una segunda vuelta frente a Mesa, con una oposición unida, lo habría puesto en riesgo.
De manera que Morales iniciará su cuarto mandato, que se prolongará hasta 2025, cuando estaría a punto de cumplir veinte años en la jefatura del Estado boliviano. No será un periodo presidencial fácil, como advierten los más capaces analistas de la cuestión boliviana, ya que a las sospechas de inconstitucionalidad del cuarto mandato se suma la evidente arbitrariedad de la noche del 20 de octubre. La amenaza de ingobernabilidad se asentará en el contexto boliviano como ha podido constatarse en las últimas horas.
La situación en Bolivia puede complicarse si Mesa decide encabezar el malestar social y presionar a favor de una invalidación de los resultados desde los cabildos abiertos. Como en otros países de la región, Ecuador o Chile, por ejemplo, el conflicto puede internacionalizarse fácilmente, dadas las alianzas geopolíticas del gobierno y la oposición bolivianos. Los reportes de la misión de la OEA en el proceso electoral agregan inquietud al futuro inmediato del país andino.
Es difícil imaginar una distensión en el corto plazo, ya que la firmeza de la apuesta reeleccionista de Morales y el MAS está fuera de duda. La izquierda boliviana hegemónica renunció a cualquier modalidad de sucesión desde la derrota en el referéndum del 2016. Aquel fue el momento para experimentar con alguna fórmula sucesoria. En lugar de ello, el gobierno boliviano se empeñó en desconocer el mandato popular con una extraña resolución del Tribunal Constitucional que establecía que el referéndum, convocado por el propio Morales, violaba los derechos políticos del presidente.
