En las últimas semanas ha cobrado relevancia la modificación constitucional que aprobó el Congreso de Baja California para prolongar el mandato de Jaime Bonilla, gobernador electo de dicha entidad. Aún está pendiente el pronunciamiento de la Suprema Corte sobre su validez. Sin embargo, el origen de la reforma y de otros casos polémicos ha pasado desapercibido.
Se trata del proceso de homologación de los calendarios electorales que se ha extendido durante tres sexenios. Este procedimiento inició con una reforma impulsada en 2002 por Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación, y encontró su punto culminante con la obligatoriedad establecida en la reforma del artículo 116 constitucional, en 2014.
La reforma de 2014 dio lugar a las llamadas “minigubernaturas” de dos años en Veracruz, Puebla y en el referido caso de Baja California. El objetivo era establecer dos periodos de elecciones locales en el país, concurrentes con las elecciones federales.
Los académicos Álvaro López Lara y María Eugenia Reyes Ramos resumen los argumentos esgrimidos sobre la homologación de los calendarios electorales en los primeros años de esta discusión.
Entre quienes apoyaban la sincronización de las elecciones resaltaban los siguientes aspectos: 1) mayor participación electoral 2) mejor capacidad ciudadana de monitoreo 3) mejor ambiente de negociación partidista, al no existir contiendas electorales permanentemente y 4) reducción de los costos de la organización de las elecciones.
Las posiciones en contra estaban relacionadas con 1) la influencia de las elecciones federales sobre las locales, particularmente cuando se elige al Presidente de la República y 2) el debilitamiento del federalismo electoral.
Adicionalmente, valdría la pena agregar algunas consideraciones, a la luz de lo sucedido con las “minigubernaturas” de Tony Gali en Puebla y de Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Ambos casos fueron polémicos por involucrar a un familiar en la sucesión del Ejecutivo.
La elección de Gali se entendió como un puente para la candidatura de Martha Érika Alonso, con lo que se consolidaría un proyecto de 14 años de gobierno en Puebla, truncado sólo por la inesperada muerte de la gobernadora Alonso y del senador Moreno Valle.
En Veracruz, si bien la victoria del candidato panista en 2016 significó la derrota del cuestionado Javier Duarte, el que se pretendiera que su hijo lo sucediera en el cargo provocó también múltiples críticas. La ola de Morena impidió la continuidad de la dinastía Yunes; pero hoy, muchos se preguntan sobre los posibles logros del exgobernador panista, de haber encabezado un periodo de seis años.
Es decir, están en la mesa la pertinencia y efectividad de tener a gobernadores por periodos tan cortos. Esto por supuesto aplica para el caso de Bonilla en Baja California y la posible ampliación de su mandato. ¿Beneficia en algo una gubernatura de dos años?
Tras casi dos décadas del inicio del proceso de homologación, sus bondades han sido opacadas por otras situaciones de carácter político. Habrá que esperar qué resuelve la SCJN; pero lo que sucede en el norte del país no es una discusión sin sentido ni carente de validez.
