La inseguridad y la violencia en México no empezaron el 1 de diciembre. Eso es evidente. Pero la expectativa de un cambio radical a partir de esa fecha si nació con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
A lo largo de este primer año, AMLO ha tratado de alejar su discurso del tema de Seguridad, sobre todo de la perspectiva de éste como el enfrentamiento directo del Estado contra los grupos criminales. Se ha centrado en que deben combatirse las causas que generan la descomposición social como principal estrategia para erradicar la violencia en nuestro país.
En comunicación política, siempre se dice que las estrategias de comunicación alrededor de la inseguridad pueden ser muy frágiles, porque una sola crisis, tragedia o caso emblemático, puede derrumbarlas.
Pero en México, donde lamentablemente nos hemos acostumbrado a la violencia como noticia cotidiana, y reconociendo que ésta no se generó en los últimos meses, la reacción del gobierno frente a esos sucesos críticos puede ser tan importante como los mismos hechos, para determinar el costo que carga.
Frente a esta “normalización” de la violencia, la expectativa más inmediata era un cambio en la sensibilidad del gobierno. Después de investigaciones sin credibilidad en casos como Ayotzinapa o Tlatlaya, o tras declaraciones tan desafortunadas como la que etiquetaba como “daños colaterales” a víctimas civiles en operativos, el primer cambio que podría ofrecer el nuevo gobierno está en su comunicación.
Pero en lugar de eso, frente a cada crisis o ante las estadísticas que demuestran la falta de resultados, AMLO se ha dedicado a cobijar a los suyos y confrontar a la oposición.
En casos como el de Culiacán, al igual que lo hizo tras la matanza de una familia en Minatitlán, Veracruz, con el gobernador Cuitláhuac García, el presidente ha priorizado el contraste con sus opositores y el respaldo a sus aliados o funcionarios a pesar de que claramente se han equivocado. Lo mismo en la más reciente tragedia contra la familia del activista Julián LeBaron, en Sonora, donde antes de iniciar las investigaciones volvieron a deslizar versiones de una confusión, sin ningún rigor judicial. Frente a esto, no parece haber consecuencias.
Si bien no puede hablarse de un presidente en crisis de imagen o aprobación, es innegable que existe un desgaste y una creciente decepción con este Gobierno en el tema, y López Obrador ha hecho poco por ayudarse.
Ese ha sido el mayor error de la comunicación de este gobierno. A diferencia de la arena electoral u otros debates políticos, frente a una crisis de seguridad el gobierno no puede buscar enemigos políticos ni tomar el papel de víctima, porque las víctimas son las personas afectadas y los enemigos, los criminales que es su obligación combatir.
Por eso, la nueva estrategia de comunicación debe pasar forzosamente por un gobierno honesto con la sociedad, empático con las víctimas y donde haya consecuencias para los funcionarios que cometen errores con altos costos.
Y el presidente tiene una oportunidad ideal para mostrarlo: si en el caso Culiacán, no estuvo informado de que se llevaría a cabo un operativo que contradecía su estrategia, que resultó fallido y donde se informó de manera deshonesta a los ciudadanos, el responsable debe ser despedido inmediatamente.
Esto mandaría el mensaje de que, mientras esperamos que la nueva perspectiva para atacar la violencia rinda frutos, la nueva administración ha cambiado inmediatamente lo que sí depende enteramente de ellos.