El 12 de febrero se presentó por el Presidente de la República y el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma judicial con y para el Poder Judicial federal. El mismo día se presentó el Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 que realizó World Justice Project.
Dentro de las 21 reformas planteadas para el Poder Judicial de la Federación está sancionar a jueces y magistrados que intercambien puestos para familiares, exámenes de oposición abiertos para nombramientos, agravamiento de sanciones por acoso sexual en la judicatura, una nueva ley orgánica, la transformación del Instituto de la Judicatura en la Escuela de Formación Judicial, jurisprudencia por precedentes, inamovilidad de juzgadores, paridad de género y fortalecimiento de la Defensoría Pública Federal y del servicio público de carrera mediante la carrera judicial.
Si la reforma federal es una buena noticia para la impartición de justicia, la presentación del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 da cuenta del enorme y desigual rezago en las entidades federativas.
En el índice se presentaron datos agrupados en 42 subfactores y 8 factores; éstos últimos son: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
¿Cómo le fue a la “ciudad innovadora y con derechos”?
La posición número 1 del Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020 fue para la “hermana” República de Yucatán; la última, la número 32, fue para el bello estado de Guerrero y el lugar 28 (sí, a 4 lugares del más bajo) para la muy noble y leal CDMX.
El índice se integra por 8 factores que fueron medidos individualmente. En Límites al poder gubernamental y en Orden y Seguridad, la ciudad obtuvo el número 24 de 32.
Sin embargo, la medalla más deshonrosa fue en el factor 2, Ausencia de corrupción, la posición 32, de 32 evaluados. Nuestra ciudad es penúltima en Justicia Penal y antepenúltima en Cumplimiento Regulatorio.
La Dra. Sheinbaum es una servidora pública honrada, sin escándalos que la involucren a ella personal y directamente en actos de corrupción. Sin embargo, los gobiernos a los que ha apoyado, participado y que encabeza, poco o nada han hecho por abatirla o eliminarla.
A principios de diciembre de 1997, la ahora morenista Amalia García declaró a medios que, con la llegada de Cárdenas se acabaría la corrupción en el DF. El viernes pasado, la Jefa de Gobierno declaró: “nuestro país está dando un ejemplo al mundo, y ese ejemplo depende no sólo del Presidente de la República”. Y recordó que en esa encomienda participan todos sin distingo de cargo.
¿Qué ejemplo da la Ciudad de México? ¿La de campeona de la corrupción judicial, durante 23 años de gobierno de izquierda? ¿Complicidad? ¿Ineficiencia?, o ¿hipocresía?
La reforma judicial que urge no es federal; es la de la Ciudad de México.
