“Las circunstancias son el dilema ante el cual
tenemos que decidirnos. Pero el que decide es nuestro carácter”
Ortega y Gasset
El derecho a la vida es el derecho más importante de todo sistema jurídico; consagrado en el artículo tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad”.
Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, también lo contiene, estableciendo lo siguiente: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución… Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a la vida, desde el primer instante de su existencia, como el primero y anterior a cualquier otro derecho”.
Sin embargo, ante la pandemia por el Covid-19, el Consejo de Salubridad General de nuestro país presentó un borrador de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, la cual ha causado grandes discusiones por establecer criterios bajo los cuales se deben tomar decisiones en caso de escasez de recursos médicos. Es de señalar que la UNAM se deslindó, pues no fue consultada para tal efecto, a pesar de tener un lugar en dicho Consejo.
La cuestión consiste en que ante la evidente falta de recursos médicos, el Estado mexicano no puede garantizar el derecho a la salud ni a la vida; al igual que lo han hecho en otros países (Italia y España) para prever y no caer en el caos total, se tienen que establecer reglas claras y precisas para la toma de decisiones, priorizando unas vidas sobre otras.
La guía establece, en caso de que la capacidad de cuidados críticos sea sobrepasada en un hospital y resulte imposible trasladar al paciente a otro hospital, los especialistas que resuelvan el Triaje (método de selección y clasificación de pacientes) priorizarán las posibilidades de vida de cada paciente y con base en ello resolverán a qué paciente le asignan los recursos existentes (cama, ventilador, etcétera), dejando a otros pacientes sin esos recursos.
La toma de decisiones se realizará bajo la premisa de salvar el mayor número de vidas. Los criterios de decisión se toman con base en puntos que deben reunir los pacientes que disputan los recursos médicos; los puntos se suman, tomando en cuenta diversas condiciones, como la edad, promedio de vida, perspectiva de recuperación, proyecto de vida; en caso de empate, se decidirá por aza; la vida puede depender en este momento de la suerte. Sin duda, la ética y el derecho tienen un dilema por resolver.
Como en todo procedimiento, existe el recurso de apelación contra la decisión. Los familiares pueden apelar, lo cual deberá resolver inmediatamente el equipo técnico. Ante dicho procedimiento se establece que no puede tomarse ningún criterio por cuestiones políticas, religiosas, de clase social, nacionalidad, etcétera. La guía no es la solución, pero es la realidad.
