Durante los últimos dos meses la agenda pública ha sido dominada por el Covid-19; la sociedad civil —actualmente repudiada desde el Gobierno federal— ha sido fuente motora de diversas iniciativas que buscan atemperar los nocivos efectos de la pandemia.
Los gobiernos —el federal, el de la ciudad y los de las alcaldías— han instrumentado diversas acciones con distinto grado de eficacia. Sin embargo, existen actos y actores que desde el poder público buscan excepciones a la ley o infringirla con motivo de la epidemia.
La leyes de adquisiciones y de obras públicas en la ciudad, prevén que las contrataciones públicas se realicen por regla general vía licitación pública, además, es una obligación prevista en el 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las excepciones a la licitación pública la constituyen la invitación restringida a cuando menos tres proveedores, y la adjudicación directa. Cuando una contingencia ocurre, es el momento ideal para que el infractor abuse de la excepción para convertirla en norma genérica. Sobreprecios, contrataciones de cuates, deficiencia en la calidad del producto, servicio u obra; emerge, pues, todo un rosario de actos que prefiguran el advenimiento del imperio de la corrupción, debidamente cubierto por el manto urgente de la excepción para afrontar a la nueva peste.
A fines del mes de marzo de este año, el Congreso de la Ciudad de México pretendió asignar 61 millones de pesos en servicios, adjudicando directamente el monto, sin licitación pública. El argumento para recurrir a la excepción fue el coronavirus. La exhibición pública del proyecto, provocó que se suspendiera la contratación.
La semana próxima pasada, un hijo del director de la CFE fue involucrado en la venta de ventiladores al IMSS en Hidalgo, y manifestó que el gobierno de la ciudad, también le había adquirido esos respiradores a un precio mayor y en una mayor cantidad.
El gobierno capitalino respondió que la compra de los ventiladores incluía refacciones, consumibles, mantenimiento preventivo y correctivo; capacitación y garantía por tres años. En otras palabras, que sí eran más caros, pero incluían más cosas.
Suponiendo sin conceder, que la compra fue legal y éticamente procedente, ¿por qué la base de datos gubernamental sobre contrataciones, sólo incluía el objeto de la compra de ventiladores, sin los conceptos que aclaran el mayor costo? ¿Por qué estos conceptos surgieron después que fue pública la denuncia de las adquisiciones en IMSS Hidalgo?
No soy de los que cree que la Jefa de Gobierno sea corrupta, ni tampoco milito en la barricada de invectivas contra el gobierno. Sin embargo, la cultura de la transparencia gubernamental parece estar ligada al surgimiento del señalamiento. Sólo entonces es transparente.
La Jefa de Gobierno debe velar porque la Contraloría vigile puntualmente la legalidad y transparencia de la actuación de la administración pública; que la indolencia, la ignorancia o el dolo no pesquen ganancia ilícita en el río revuelto de la epidemia.
