Apenas el miércoles pasado escribíamos en esta columna la historia de un prominente empresario, Jaime Sacal Micha, de 69 años, acusado de violar a su nieta durante 5 años.
Según informes de las autoridades, los hechos ocurrieron desde 2010 hasta noviembre de 2016.
Sacal Micha fue detenido por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, cuando intentaba ingresar a ese país vía terrestre.
Gracias a las gestiones de la FGR, la PGJCDMX y a la ficha roja de la Interpol, Sacal Micha fue localizado y entregado a las autoridades mexicanas para presentarlo ante Agustín Moreno Gaspar, Juez de Control de la CDMX, quien lo mandó al Reclusorio Oriente para enfrentar su juicio en prisión preventiva por el delito de violación equiparada agravada en agravio de una menor de edad, tal y como manda la ley.
Esta vez se había actuado intachablemente en todo el proceso; sin embargo, los abogados de Sacal lograron que el Juez Tercero de Distrito con sede en Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez, concediera al empresario un amparo para cumplir su prisión preventiva en casa, argumentando que, por su edad y estado de salud, la cárcel era peligrosa para él por el riesgo de contagiarse de Covid-19.
Hoy, Jaime Sacal Micha está en su casa, gracias a que este juez de control lo vinculó a proceso y permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en su domicilio, mientras transcurren los cuatro meses que se fijaron para el cierre de la investigación complementaria; mientras, la vida de la menor ha sido marcada para siempre.
Pero en este caso, y por la presión mediática ejercida, un poco de justicia ha llegado. La Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses a Fredy Francisco Aguilar Pérez, el juez Tercero de Distrito en el estado de Hidalgo, quien resolvió un amparo con notorio descuido al considerar que el empresario padece de diabetes y de un cuadro clínico de salud complicado.
Lo anterior, al modificar una suspensión previamente decretada y dictar prisión domiciliaria sin atribuciones para ello. “Esto constituye, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notoria ineptitud y descuido en el desempeño de las funciones o labores que [se] deban realizar”, dijo el CJF.
A través de un comunicado, el Consejo aseguró que la impartición de justicia en materia penal es de la mayor relevancia para el sano desarrollo de una sociedad y la protección de los derechos humanos de las personas, particularmente cuando está involucrado un menor de edad.
Mancha al Poder Judicial
[caption id="attachment_1159512" align="alignnone" width="950"] El pasado 30 de abril el empresario Jaime Sacal (en la imagen) fue trasladado a México por autoridades de EU para enfrentar su proceso; sin embargo, días después un juzgador le permitió enfrentar la acusación desde su casa, pese al riesgo de que escapara. Foto: Especial[/caption]
Mientras el juez Fredy Francisco permanece suspendido, sólo recibirá la tercera parte de su salario, aunque puede impugnar la sanción mediante un recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Consejo de la Judicatura está trabajando y ha suspendido a varios jueces, cuyas resoluciones son dudosas.
En marzo, sancionó de manera cautelar por seis meses a un juez federal por resolver un caso relacionado con transporte de metanfetaminas, contrario a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La suspensión se dio luego de encontrar indicios de posible falta de profesionalismo y notoria ineptitud del impartidor de justicia.
La jurisprudencia de la SCJN señala que, para acreditar el delito contra la salud en la modalidad del transporte de narcóticos, no es necesario que el Ministerio Público demuestre los puntos geográficos de origen y destino del estupefaciente.
Como el juez no aplicó este criterio, permitió la liberación de un imputado y, por ello, el Consejo de la Judicatura Federal determinó sancionarlo.
La semana pasada, luego de reinstalar a los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio, quienes son investigados por otorgar la libertad del exesposo y sospechoso del feminicidio de Abril Pérez, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México determinó suspenderlos nuevamente.
La determinación se tomó para “efectos de no transgredir la imparcialidad con la que se deben conducir mientras tenga vigencia la indagatoria administrativa en su contra”; así, el órgano jurisdiccional busca no entorpecer el libre desarrollo de las investigaciones que se realizan.
En enero, el CJF suspendió por seis meses al magistrado José Miguel Trujillo por nepotismo, acoso sexual, laboral y otras causas graves.
De acuerdo con el órgano judicial, al juez adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se le investiga por presuntamente amenazar de muerte a colaboradores que se negaban a presentar su renuncia, además de que obligaba a los empleados a cobrar cheques por cantidades elevadas y depositarlas en cuentas bancarias de Estados Unidos.
También en enero, el Consejo de la Judicatura Federal destituyó e inhabilitó por 10 años al magistrado federal Fernando Reza Saldaña, adscrito a Querétaro, acusado de hostigamiento sexual en agravio de 10 mujeres, y por nepotismo.
A través de un comunicado, el organismo señaló que el magistrado contrató a la esposa del Juez de Distrito Javier Loyola Zosa, del Circuito de Querétaro, “en acuerdo y beneficio personal de dicho juez”. Loyola Zosa también fue suspendido por falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo.
En 2019, el CJF suspendió por seis meses, sin percibir sueldo, al magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a quien Estados Unidos acusó por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La suspensión del juez Avelar Gutiérrez se dio luego de que Sigal Mandelker, la subsecretaria del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, lo acusara de recibir sobornos del CJNG para dar resoluciones a favor de los integrantes de la organización criminal.
Bien por el Consejo de la Judicatura, con estos resultados, para que no haya impunidad ni injusticia en tantos casos, pero queda pendiente el de Rosario Robles, que más allá de que la exfuncionaria sea culpable o no, su caso ha estado lleno de anomalías y conflictos de intereses.
No podemos olvidar que quien mandó a Robles Berlanga a la cárcel, sin permitirle llevar el proceso en libertad, como lo requerían los cargos por los cuales es acusada, fue el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, nada más ni nada menos que el sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, enemigos políticos de la exsecretaria de Desarrollo Social.
