La decisión del Presidente de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles hasta marzo de 2024, aunque se veía venir, es reconocer que las cosas no han cambiado y que más bien se han agudizado.
El hecho pone en entredicho las estrategias lo que incluye la creación de la Guardia Nacional. La decisión confirma la desconfianza presidencial en cuerpos de seguridad. Si bien urge resolver el enorme problema de la inseguridad, con la decisión se ratifica que las Fuerzas Armadas seguirán por largo tiempo en espacios ajenos a sus funciones originales.
Los riesgos son altos, pero por lo que se ve el Gobierno no quiso otra salida. Los militares son la última puerta para enfrentar uno de los problemas más graves y que más descomponen la vida del país. Es inevitable preguntarse qué pasaría si las Fuerzas Armadas no consiguen el objetivo.
En el fondo también se está reconociendo que el proyecto del Gobierno no se pudo consolidar. Las estadísticas sobre la violencia no han cedido, más bien han crecido, en medio del coronavirus los números se mantienen en altos niveles.
Otra arista de la determinación tiene que ver con que el Presidente está utilizando para todo al Ejército. Los soldados están por todas partes e incluso se han convertido en trabajadores de la construcción, como es el caso, entre otros, de la obra del aeropuerto de Santa Lucía.
Todo apunta a que López Obrador solamente confía en las Fuerzas Armadas, las está usando para todo y si no fuera por la histórica lealtad del Ejército y la Marina sería inevitable entrar en cuestionamientos y especulaciones. De cualquier manera, se está haciendo a un lado a los cuerpos de diseñados ex profeso que son el componente civil de la seguridad de la sociedad.
Las policías, derivado de la decisión, pueden terminar por jugar un rol distinto del que originalmente tienen, a lo que se suma la desconfianza que la decisión significa para que sean el cuerpo de seguridad eje de la sociedad.
Lo que es definitivo es que la inseguridad, la violencia y los feminicidios, a pesar de las contradicciones y diferentes percepciones que hay en el Gobierno sobre éstos, se mantienen impunemente.
Por un lado, está la incapacidad y falta de voluntad del Gobierno para armar cuerpos de seguridad en defensa y apoyo de la ciudadanía, y, por otra parte, está el problema que carcome a los aparatos de justicia que, por más reformas que se les hagan, mantienen niveles de corrupción, discrecionalidad, burocratismo e impunidad.
La decisión también lleva a preguntarse por el papel de los policías. No son justas las generalizaciones, muchas de ellas y ellos hacen un gran trabajo, a pesar de todas las adversidades que padecen para poder hacerlo, viven en medio de estructuras que los obliga a formar parte de la corrupción.
Quizá se pueda paliar el gran problema en el corto y mediano plazo, pero por la forma en que se hace podríamos estar creando un problema mayor de largo plazo.
La apuesta no está en desarrollar un proceso de reorganización serio y de largo alcance en las policías, como se ha hecho en muchos países del mundo, lo que se está haciendo, a querer o no, es militarizar al país, a lo que se suman las muchas otras tareas en que se ha metido a los soldados y marinos.
Insistimos en que suponemos que no fue decisión fácil, lo que sí es claro es que hicieron un mal diagnóstico. Se creyó que al menos la inseguridad iba a poder atemperarse a lo largo del primer año de gobierno, ya se vio que no.
Los soldados y marinos son nuestra última puerta para atender los temas de seguridad nacional y resulta que los estamos usando para todo.
RESQUICIOS.
El atento ministro Fernando Franco lo tenía claro. La llamada Ley Bonilla no era un tema de chairos y fifís, ni de filias y fobias, ni de consultas, era un asunto del Estado de derecho y por ello fue clave su precisa ponencia para que la Corte declarara inconstitucional hacer un gobierno de 5 años cuando es de 2.
