El hecho de que no hayan sido convocados los 22 vocales auxiliares del Consejo de Salubridad General y que la decisión de marcar un calendario de reinicio de actividades productivas a partir de este lunes (pero a lo mejor hasta dentro de dos semanas) haya sido tomada por 12 funcionarios federales y 3 académicos encabezados por el secretario Jorge Alcocer, evidencia la urgencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reactivar la economía.
Esto responde a la inexistencia de un plan integral que evite un catastrófico desplome de la industria y los servicios que arrastre de nuevo a 10 millones de personas a la pobreza.
La falta de datos precisos de los contagios y muertes por Covid-19 por la falta de pruebas y registros médicos precisos —como aceptó el propio subsecretario Hugo López-Gatell— es el elemento de mayor preocupación de empresarios y trabajadores para un retorno a la “nueva normalidad” cuando los datos oficiales muestran que aún no hay “aplanamiento de la curva” consistente. Como lo expresó el presidente de la Canacintra, Enoch Castellanos, las Pymes tendrán que pagar sus propias pruebas de detección para evitar que el contagio se expanda en los centros de trabajos pues el Gobierno no dará apoyo para ello.
El plan de retorno, al parecer escrito “sobre las rodillas”, considera la reapertura de actividades en 269 “municipios de la esperanza” cuya población sería equivalente a 1.5% de la población nacional, en zonas serranas en las que difícilmente se pudieron aplicar pruebas siquiera. Y en las zonas urbanas el problema puede ser aún mayor dado que Cofepris, de José Alonso Novelo, toma tres medidas inentendibles en medio de la crisis sanitaria: a) prohíbe a hospitales ABC aplicar pruebas; b) suspendió desde hace un año las reuniones del Comité de Moléculas Nuevas, a cargo de Felipe de la Sancha, dejando sin registro 95 productos innovadores, incluso tratamientos para paliar el Covid-19; c) los reportes al Comité de Farmacovigilancia lo harán las instituciones médicas, pero no hay protocolo de seguimiento y tratamiento a los casos activos. Un regreso al trabajo y a las escuelas sin acciones claras y mediciones precisas puede dar paso a un indeseable rebrote… con las consecuencias que ya conocemos.
Arrastrando la cobija. Ayer la nueva presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Sofía Belmar, se estrenó en la mañanera con el seguro de vida gratuito por 50 mil pesos para los trabajadores de la salud que caigan en la lucha contra la pandemia. Gesto generoso pero, la verdad, poquitero. Y, bueno, la empresa que representa Belmar, MetLife, trae uno de sus peores resultados luego de que desapareció el Seguro de Separación Individualizada para la burocracia, con lo que perdió 2.3 puntos de mercado y dejar el liderazgo a GNP Seguros, de Eduardo Silva. Además, MetLife está afectada por las dudosas prácticas de sus principales promotoras, Grupo KC, de Daniel Guzmán, que ha permitido que sus agentes operen sin la cédula exigida por la CNSF e incluso que modificar pólizas sin previo aviso a los asegurados. Vaya, vaya.
México Elige, mayo 2020. La encuesta México Elige publicada el pasado Día de la Madre revela datos esenciales en el manejo de la doble crisis que enfrentamos. La aprobación mas alta fue de nuevo para el gobernador Mauricio Vila (76.8%) seguido por Pancho Domínguez en Querétaro (74.5%) y Sinhue Rodríguez de Guanajuato (70%). Debajo de media tabla (49.4%) está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el sótano el ya conocido Cuauhtémoc Blanco (22.1%) y por primera vez el oaxaqueño Alejandro Murat con 34.4%. Así las cosas.
