En el inicio, hoy, de la primera fase del plan de reactivación económica, privan confusión, descoordinación entre el Gobierno federal y los estatales que irán cada uno por su lado y, sobre todo, el riesgo de que al concluir parcialmente el confinamiento se originen más contagios por las aglomeraciones que se registren entre las miles de personas que volverán a sus labores.
Con muchos de los municipios en que se reanudarán las actividades con reportes de propagación de coronavirus; órdenes y contraórdenes de autoridades estatales, ajenas y hasta contrarias a las del Gobierno federal, se advierte complicado y sumamente peligroso que la gente salga nuevamente a las calles, oficinas y lugares públicos con pandemia en “pico”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
El Acuerdo de la nueva política del Gobierno federal en materia de energía renovable que cancela la participación de inversión privada nacional e internacional en proyectos de generación, así como los contratos suscritos con empresas de países de la Unión Europea y Canadá, generalizó críticas de legisladores y empresarios que coinciden en exigir su inmediata revocación por ser un nuevo, enésimo, golpe a la inversión externa.
Además, ese acuerdo, que ya obligó a la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, César Hernández Ochoa, que se negó a suscribir un remedo estudio de impacto, va a provocar un alud de demandas ante organismos internacionales por la flagrante violación en la que incurrió el gobierno del Presidente López Obrador que seguramente sumarán miles de millones de dólares que acabarán pagando todos los mexicanos.
Ese Acuerdo de Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, frena proyectos de inversión para la generación de energía renovable y propicia un nuevo monopolio en ese sector que queda en manos de la Comisión Federal de Electricidad y de su cuestionado director general, Manuel Bartlett, con el consecuente e inmediato encarecimiento de las tarifas que originarán más protestas.
Al tiempo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, llamó a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de la Presidencia, la revocación inmediata del Acuerdo.
