El jueves de la semana pasada había 6 empresas generadoras de electricidad con fuentes renovables preparando sus respectivos amparos contra el ordenamiento que el Cenace, a cargo de Alfonso Morcos, emitió para impedir la entrada en operación de 44 parques eólicos y fotovoltaicos; y ahora es de esperar que tras el decreto del pasado viernes, que oficializa el bloqueo a los productores independientes, se desate una ola de amparos que podrían ser ganados con relativa facilidad y generar otro nivel de enfrentamiento entre gobierno y empresas.
Esas empresas no están solas en su defensa. Tanto el gobierno de Justin Trudeau, Donald Trump mediante el embajador Christopher Landau, así como 19 países de la Unión Europea manifestaron una airada protesta diplomática y política por el decreto de la Secretaría de Energía. Para empresas como Zuma, que dirige Adrián Katzew, así como Enel de Francesco Starece, Acciona de José Manuel Entrecanales, FotoWatio que conduce Daniel Sagi-Vela, la francesa Neoen dirigida por Xavier Barbaro y X-Elio de Jorge Barredo, resultará relativamente sencillo ganar las primeras instancias de amparo por el hecho de que no es Cenace, si no la Comisión Reguladora de Energía la única autoridad para fundamentar y ordenar detener la entrada en operación tal o cual instalación energética.
Claro, es fácil imaginar que un solo telefonazo desde Palacio Nacional a las oficinas de Leopoldo Melchi hará que la CRE se sume al bloqueo, cosa que hará más profunda la confrontación, sobre todo porque a la batalla legal se prevé se sumen los generadores de energía térmica (ciclo combinado) pues también serían afectadas por el decreto las 13 empresas que forman la Asociación Mexicana de Energía -que encabeza Enrique Alba- representan 27% del suministro nacional para el cuan han invertido 25 mil millones de dólares.
Esto llevará nuevamente a la SCJN, que encabeza Arturo Zaldívar, sea el fiel de la balanza. Por cierto, los gobiernos de nuestros principales socios comerciales siempre tendrán a la mano las cortes internacionales, arbitrajes y las eficaces represalias arancelarias, no arancelarias y de inversión.
Pipirín seguro. En medio de la pandemia y una honda recesión, resulta confortante que la Sader tenga segura la dispersión de 23 mil millones de pesos para campo y pesca a través de los programas de Producción para el Bienestar, Precios de Garantía, Fertilizantes y Bienpesca… además de la operación de la Canasta Básica, cuyos recursos ascienden a unos cinco mil millones de pesos. Vale destacar que la dependencia a cargo de Víctor Villalobos prioriza el apoyo a los productores más vulnerables y rezagados, pero también para la agricultura comercial paulatinamente se transfieren los apoyos como, por ejemplo, para 5 millones de toneladas de maíz blanco de la actual cosecha. ¡Fiu!
Royendo el tóner. En Coahuila, quien pese a todo discurso contra la corrupción de Zoé Robledo, quien parte el queso es la Delegación Estatal del IMSS a cargo de Leopoldo Santillán Arreygue, donde se sigue apoyando a un único y feliz proveedor de consumibles de cómputo: ACCECOMPU, de Jaime Herrera Torres, donde ya se relamen los bigotes por el contrato PC-050GYR026-E111-2020 para tóner (valuado en 27 millones de pesos) sin que les importe que el IMSS pueda comprar ese mismo producto hasta 40% más barato.
GIN-IMSS. Son múltiples las generosas muestras de solidaridad del sector privado con el IMSS, una de las instituciones fundamentales de la nación. Por ello destaca la entrega que GIN Group, de Raúl Beyruti, hizo de un millón de guantes de nitrilo o 50 mil cubrebocas tricapa para apoyar al resguardo del persona del salud que arriesga su vida todo los días. Aún falta más.
