Partamos de lo siguiente.
Primero: si tienes una fuente X de energía Z, no renovable y contaminante, y una fuente Y, de energía Z renovable y no contaminante, y además la segunda es más barata que la primera, hay que sustituir la primera por la segunda. Lógico.
Segundo: si puedes sustituir un monopolio gubernamental por la competencia entre empresas privadas, hay que sustituirlo, sobre todo si se trata de sectores estratégicos de la economía, que son los que proveen de bienes y servicios al resto de las actividades económicas (como es el caso de la industria eléctrica) y/o producen bienes y servicios de los cuales nadie debería carecer (como es el caso, nuevamente, de la electricidad), razón por la cual deben estar sujetos la disciplina de la competencia, única manera de lograr la trilogía de la competitividad: menores precios, mayor calidad, mejor servicio. Lógico.
Tercero: para atraer más inversión directa, que es la que produce bienes y servicios (con los que satisfacemos nuestras necesidades), crea empleos (para producir alguien tiene que trabajar) y genera ingresos (a quien trabaja se le paga por ello), el gobierno debe respetar los derechos de los empresarios, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender. Lógico.
Todo lo anterior, que es lógica pura y puro sentido común, no lo entiende la 4T.
El pasado viernes, con la intención de lograr la confiabilidad en el sistema eléctrico nacional, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial una nueva normatividad que limita la participación del sector privado (a favor de la participación monopólica de la Comisión Federal de Electricidad) en energías renovables (menos contaminantes y más baratas que las no renovables). La nueva normatividad, contraria a la reforma energética, frena las inversiones del sector privado en la generación de electricidad, prohibiendo la sustitución de una fuente X de energía Z, no renovable y contaminante, por una fuente Y, de energía Z renovable y no contaminante, capaz, además, de ofrecerse a menor precio. Según la Comisión Reguladora de Energía, el costo promedio de generación de electricidad en las empresas privadas es de 20.57 dólares por cada megavatio-hora. En la Comisión Federal de Electricidad es de 141.21 dólares, 586.49 por ciento más.
La nueva normatividad atenta contra el medio ambiente, contra la economía y, por si fuera poco, contra el Estado de Derecho, como claramente lo deja ver la carta que la Delegación en México de la Unión Europea le mandó a la secretaria de Energía.
Para terminar debemos tener claro que la pregunta no es ¿por qué debería participar el sector privado en la industria eléctrica?, sino ¿por qué debería monopolizarla el gobierno?
