En esta columna hemos escrito la historia de un prominente empresario, Jaime Sacal Micha, de 69 años de edad, acusado de violar a su nieta durante cinco años. Fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México.
Localizado y entregado a las autoridades mexicanas para presentarlo ante Agustín Moreno Gaspar, Juez de Control de la Ciudad de México, fue mandado al Reclusorio Oriente para enfrentar su juicio en prisión preventiva por el delito de violación equiparada agravada en contra de una menor de edad, tal y como manda la ley.
Hasta ese momento se había actuado en forma intachable en todo el proceso; sin embargo, los abogados de Sacal lograron que el Juez Tercero de Distrito con sede en Hidalgo, Fredy Francisco Aguilar Pérez, concediera al empresario un amparo para cumplir su prisión preventiva en casa argumentando que, por su edad y estado de salud, la cárcel era peligrosa para él por el riesgo de contagiarse de Covid-19.
Claramente se trataba de un caso de corrupción, el caso no tenía por qué juzgarse en el estado de Hidalgo.
La demanda que dio origen al Juicio de Amparo 1580/2019 del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Hidalgo fue presentada por el señor Sacal Micha, según se desprende del SISE, el sábado 28 de diciembre de 2019, justo cuando se encontraba casualmente de guardia en ese día inhábil ese juzgado.
El juez recibió la demanda a pesar de que no se trataba de uno de los supuestos urgentes por los que se permite la tramitación del juicio de amparo en días inhábiles.
Con la finalidad de darle competencia al Juzgado de Hidalgo, Jaime Sacal señaló en su demanda de amparo como responsables a diversas autoridades en Hidalgo, a pesar de que sabía que la orden de aprehensión había sido librada en su contra por un Juzgado de la Ciudad de México, pues al promover su demanda, el señor Sacal se encontraba detenido en Estados Unidos con motivo de que su visa le fue revocada precisamente con motivo de dicha orden de aprehensión. Claramente era una estrategia para evadir llevar el proceso en la cárcel.
En cuanto se tuvo indicios de que el juez había actuado indebidamente, el Consejo de la Judicatura Federal lo suspendió seis meses para investigarlo. Hasta hace unos días se pensaba que Sacal Micha podría enfrentar su proceso en prisión domiciliaria, porque la resolución judicial ya estaba emitida, pero aplicando la política de cero tolerancia a la corrupción, un Tribunal Colegiado de Circuito revocó el amparo y finalmente Sacal Micha se encuentra ya en el Reclusorio Oriente en prisión preventiva.
El 2 de diciembre del 2019, Sacal Micha, al saber que existía una denuncia en su contra por abuso sexual, viajó a Estados Unidos; planeaba mudarse a su departamento en la 5ta avenida de Nueva York. Lo hizo por tierra, entrando por Texas, y en la aduana fue detenido. El agente migratorio se percató que existía una ficha roja en su contra.
En su declaración, se declaró inocente, alegando que era dueño de muchos inmuebles en México y que la denuncia se debía a que su familia quería despojarlo de éstos. Mientras negaba los hechos, solicitó asilo político, mismo que le fue negado.
Revocan fallo
[caption id="attachment_1164404" align="aligncenter" width="576"] Tras ser detenido en EU, Jaime Sacal fue trasladado a la CDMX, y aunque parecía que quedaría impune, la Judicatura revocó la decisión del juez. Foto: Especial[/caption]
Durante su detención en Estados Unidos, ya con la pandemia del Covid-19, solicitó a las autoridades prisión domiciliaria, como lo hizo en México meses después, pero le fue negada y fue enviado al Centro de Detención de Port Isabel, en Los Fresnos, Texas, en donde no había contagios del coronavirus.
Sacal continuó negando las acusaciones de haber abusado sexualmente de una de sus nietas e intentó presentar pruebas de que su familia en México tenía influencias políticas para que lo culparan de cargos falsos.
Una vez extraditado a nuestro país, intentó utilizar el mismo argumento. Como no le dio resultado, misteriosamente, el proceso que se estaba realizando en la Fiscalía para Delitos Sexuales en la Ciudad de México, en donde se le hicieron todas las pruebas psicológicas y físicas a la niña, fue trasladado a Hidalgo. Ahí, apoyándose en lo que sólo puede ser calificado como un acto de corrupción, había logrado el amparo para seguir el proceso en su domicilio.
Dos acciones de la Judicatura fueron claves para que ello no ocurriera así: la decisión, primero, de investigar al juez que había otorgado ese amparo a todas luces ilegal, Fredy Francisco Aguilar Pérez, y luego, suspendido éste de su cargo, la de revertir la sentencia que había brindado, enviando ahora sí al acusado a la cárcel durante su proceso.
Por su parte, en la Fiscalía de la CDMX, trabajando en protección de los derechos y el interés superior de la víctima, solicitó audiencia para que el juez de control ordenara el ingreso al reclusorio del empresario.
Los delitos de los que está acusado Sacal Micha son graves; no admiten la libertad bajo fianza, ni tampoco seguir el proceso en su domicilio. Pero muchas veces hemos visto cómo la justicia actúa con discrecionalidad, cómo muchos que deberían poder gozar de esos derechos terminan siguiendo sus procesos en prisión y otros, en casos graves, tienen beneficios o simplemente nunca son detenidos.
El caso Sacal Micha, más allá de lo que terminen decidiendo los jueces (sólo el periodo de instrucción durará cuatro meses) es una demostración de que la justicia puede funcionar, que se puede aplicar cuando existe voluntad y, también, cuando los medios, como en este caso, cumplimos con nuestra obligación de denunciar las injusticias.