Si la propuesta de otorgarle facultades al Inegi para que su personal se introduzca en los hogares y, sin ningún impedimento legal, revise el patrimonio inmobiliario, financiero y bancario de quienes los habiten fue un nuevo “buscapiés” para sondear la reacción ciudadana, le volvió a estallar de inmediato a quien le sugirió al presidente provisional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que la hiciera, por el rechazo, andanadas y hasta mofas que originó en todos los sectores de la sociedad.
No es la primera vez, ni seguramente será la última, que eso sucede ante una nueva ocurrencia sexenal para conocer la reacción que tendría entre la población, en caso de que llegado el momento, se decidiera a formalizarla por cualquier vía —constitucional o inconstitucional—, como las que se han visto en meses recientes.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Ante la creciente ola de amparos de empresas extranjeras contra acuerdos gubernamentales para frenar proyectos de energía eólica en el país y que están siendo admitidos por jueces federales, el Centro Nacional de Control de Energía, con base en uno de ellos, impidió la entrada en funciones de nuevas centrales solares y eólicas al mercado eléctrico.
A las primeras suspensiones concedidas a la solicitud de esos amparos se sumaron ayer varios más con inversiones de países de la Unión Europea y Canadá, que conforme avancen días y semanas, irán sumando otras contra las violaciones a contratos suscritos con el Gobierno de México que seguramente se volverán litigios internacionales.
Siguen las contradicciones entre la aplicación del plan de reactivación económica del Gobierno federal y el que llevan a cabo algunos gobernadores que, de plano, como es voluntario, se han ido cada quien por su lado, con medidas que originan confusión sobre el anunciado regreso a la “nueva normalidad”.
Los mandatarios de estados en donde hay plantas automotrices, de autopartes y aeroespaciales sostuvieron una reunión virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en la que se planteó la reanudación de labores en ellas, aun cuando algunos se anticiparon y decidieron hacerlo de manera parcial ante el riesgo de contagios.
El más reacio sigue siendo el morenista de Puebla, Luis Miguel Barbosa, quien advirtió que de acuerdo a sus atribuciones, impedirá que la industria automotriz regrese a la actividad el 1 de junio, porque declaró que en la entidad que gobierna están “en el peor momento de la pandemia” y no hay garantías para el reinicio de actividades.
En otros estados, como Guerrero y Veracruz, los gobernadores no consideran tampoco la posibilidad de que en algunos municipios puedan volver a la normalidad, ni vieja ni nueva, por la amenaza de que se aceleren los contagios en la población, lo que agravaría el problema.