Ésta es una historia de la vida real. Luego de la denuncia sobre las propiedades de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su esposo, el académico John Ackerman, unas heredadas y otras compradas en efectivo o donadas por el Gobierno de la Ciudad de México, la Función Pública hizo una rápida investigación en la que Irma Eréndira Sandoval exoneró a Irma Eréndira Sandoval.
Propiedades que posee la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira, junto con su esposo, el investigador y ahora comunicador John Ackerman, no corresponden a su valor real en el mercado actual.
Según revela Latinus, la encargada de combatir la corrupción en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador habría recibido un terreno en agosto de 2007 del Gobierno del entonces Distrito Federal, encabezado por Marcelo Ebrard, de 253 metros cuadrados (300 metros cuadrados de construcción) en Santo Domingo de Los Reyes, hoy colonia Pedregal de Santo Domingo en Coyoacán, cuyo valor sería de alrededor de 6 millones de pesos.
De acuerdo con el trabajo periodístico, “el Gobierno del Distrito Federal no recibió ni un peso a cambio de la sesión, y hasta le perdonó el pago de derechos por la inscripción de la propiedad”.
Y aunque Sandoval asegure que pagó por el predio y la regularización de éste, la realidad es que los documentos inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México indican que Sandoval Ballesteros recibió directamente el predio, y el Gobierno del Distrito Federal le condonó los derechos de la operación de transmisión de propiedad, amparado en un acuerdo del 2 de marzo del año 2000, por el que se otorgaban facilidades administrativas para la vivienda y los programas de regularización territorial.
Sandoval y su esposo tienen seis casas en su patrimonio inmobiliario. De éstas, cinco habrían sido adquiridas en los últimos nueve años.
Esta cifra es cinco veces mayor a la reportada en su declaración de bienes inmuebles, como integrante del gabinete del Presidente López Obrador.
Pero, ¿por qué teniendo un cargo tan importante, precisamente en donde se debe investigar el patrimonio y sus movimientos de los servidores públicos, Sandoval no fue clara en su declaración patrimonial?
Tendría que ser la primera, de todo el gabinete, en hacer su declaración patrimonial, sin alterar los costos de los inmuebles.
Basta con meterse a cualquier portal de venta de inmuebles por ejemplo metroscubicos.com, e ingresar la colonia y el número de metros del inmueble, para darnos cuenta de que lo que declaró la secretaria es, por decir lo menos, impreciso.
La titular de la SFP señala que “los supuestos "valores actuales” reportados en la prensa son falsos y producto de meras especulaciones”. No es verdad: los servidores públicos están obligados a informar del valor de adquisición de sus inmuebles, de conformidad con el instrumento jurídico que lo avale, sin la necesidad de declarar un especulativo valor comercial.
Ahora, en vez de aclarar por qué no fue precisa en su declaración patrimonial, su esposo, John Ackerman, quiere demandar al periodista Carlos Loret, que divulgó esta información, que además es pública.
Asegura que procederá legalmente en contra de Loret “tanto en México como en Estados Unidos, para que se investigue y se castigue a las personas responsables, tanto por la filtración como por la divulgación de nuestros datos personales”.
A través de un texto difundido en sus redes sociales, Ackerman señala que el “señor Loret calumnia a mi esposa y a un servidor, divulga datos falsos y confidenciales, invade nuestra privacidad y pone en riesgo la integridad física de toda nuestra familia”.
Es una barbaridad. Su esposa es servidora pública, y los datos mostrados no son confidenciales. El señor Ackerman, siendo abogado, debería mejor mostrar los documentos y avalúos actualizados si quiere desmentir al periodista, y así la opinión pública no pensará que cometieron malos manejos, y ella podrá ser congruente con el puesto público que ejerce.
En ningún momento la pareja Ackerman–Sandoval niegan tener esas propiedades, y son muy ambiguos cuando hablan de los recursos que utilizaron para comprarlas.
En la polémica
“Es falso que nuestros salarios como investigadores de la UNAM ascendían a 28 mil pesos al mes y que no tuviéramos otros ingresos. Los fondos para adquirir las propiedades mencionadas en la Declaración Patrimonial provinieron de los ahorros que pudimos acumular durante décadas de trabajo, un generoso premio que la Dra. Irma Eréndira Sandoval recibió en 2009, por haber ganado el Primer Lugar en el prestigioso concurso de la Fundación Manuel Espinosa Yglesias (que asciende a un millón de pesos), así como de donaciones de mis padres, Bruce Ackerman y Susan Rose-Ackerman, ambos distinguidos académicos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Yale”, aseguró John Ackerman.
¿En serio la fundación Manuel Espinosa Yglesias paga millones de pesos en premios, como para llegar a juntar casi 60 millones de pesos, que es el costo real de las propiedades de Irma y John?
Y se equivoca el señor Ackerman, porque su esposa sí está obligada a explicar el origen de su patrimonio, como ella misma lo ha dicho y escrito.
El pasado 21 de abril, la SFP emitió el comunicado 038/2020 titulado: “Altos mandos del Gobierno Federal deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses”.
En éste se señala que “como lo ha instruido el Presidente de la República desde el inicio de este Gobierno, todos los altos funcionarios que formamos parte de su gabinete debemos presentar nuestra declaración de situación patrimonial y de intereses con total transparencia”.
Incluso el 13 de enero de 2020, la SFP emitió otro comunicado, en el que anuncia que se “sancionó con destitución e inhabilitación por 10 años al administrador del Proyecto de Desarrollo Ayatsil Tekel y gerente en Pemex, a quien se acreditaron omisiones en sus declaraciones patrimoniales de 2014 y 2017”.
En el documento, “la secretaria Irma Eréndira Sandoval subrayó que la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales constituye una falta grave de acuerdo con la fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente en el momento de los hechos investigados”.
Recordemos que el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y el de Morelos, de donde se obtiene la información sobre las propiedades de Irma Eréndira, como lo dice su nombre es “público”, y ella personalmente en diciembre de 2018 escribió a través de su cuenta de Twitter: “mi declaración patrimonial es pública y así serán todas las declaraciones patrimoniales de mis colaboradores en la SFP”.
En estos días, circuló por redes sociales un tuit de Ackerman del 13 de abril de 2015 en el que escribió: “Ya basta de mentiras. Funcionario que no transparente TODOS sus intereses y propiedades debe renunciar”. ¿A poco va a renunciar Irma Eréndira Sandoval?