Especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) pronostican que en México la pobreza aumentará en un 14% este año, lo que llevaría a que el trabajo infantil se incremente en un 10%; es decir, casi 3.5 millones de menores trabajadores.
El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que cuando la pobreza aumenta un 1%, el trabajo infantil aumenta alrededor de un 0.7 por ciento.
Save The Children en México declaró al diario El País que la obesidad, el trabajo infantil y la alta proporción de empleados informales que siguen trabajando durante la emergencia sanitaria han llevado a que los menores de 17 años se contagien de Covid; y que la tasa de mortalidad en niños, niñas y adolescentes en México se triplique a la de Estados Unidos, pues el primero suma 73 decesos y el segundo registra 35.
El pasado lunes 15 de junio se realizó el Foro Internacional “Retos para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil, en el contexto de la emergencia sanitaria del Covid-19”, convocado por la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República y World Visión México, y en el que se escucharon planteamientos de política pública y de legislaciones clave en la materia.
En México 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de trabajo infantil, de los cuales más de 60% realiza actividades peligrosas. El trabajo infantil es causado por factores sociales, económicos, políticos y culturales.
Bajo el contexto de la contingencia sanitaria, las niñas y niños más pobres del país están en vulnerabilidad, pues tienen la necesidad u obligación de salir a trabajar todos los días, quedando expuestos.
Cifras de la Secretaría de Salud señalan que hasta mayo se diagnosticaron 983 casos de coronavirus; mientras que, en junio, este número aumentó a más de 3 mil 315 niñas, niños y adolescentes.
El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) destacó que el mayor reto de este nicho poblacional no es sobrevivir al Covid, sino la invisibilidad, la violencia familiar y sexual, las carencias económicas y la pérdida de la continuidad educativa. Es lamentable que quien preside este sistema producto de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes desconozca su existencia. Es urgente que el Presidente sea informado de su importantísimo papel y de la urgencia por fortalecer el Sipinna.
Por ello y sin miedo se necesita de una política de Estado y no de Gobierno; de la acción conjunta y comprometida de todos los órdenes de Gobierno, de las familias, las escuelas y de toda la comunidad en su conjunto. Además de garantizar el cumplimiento de la ley, se debe centrar en que las niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a jugar, a la educación, a la convivencia, a una vida sin violencia, a la salud, a crecer y, lo más importante, a ser felices.
Abandonar a las familias y a la niñez en México, como hasta ahora ha sucedido, sólo fortalece una pandemia de irreversibles consecuencias, que es justo la pandemia del trabajo infantil.