La pandemia ha abierto una oportunidad de oro para que los regímenes autoritarios avancen en sus intenciones para fortalecer o consolidar su poder. En ocasiones anteriores nos hemos adentrado, por ejemplo, en los procesos de Turquía o Hungría para aprovechar la atención mediática y la preocupación por la atención de la crisis sanitaria para introducir modificaciones legales que les permitan ejercer mayor control sobre sus sociedades.
En el mismo sentido ha avanzado China, que recientemente aprobó e implementó una nueva Ley de Seguridad Nacional que, de un plumazo, puso bajo su control a toda la población disidente de Hong Kong, que por meses trató de oponerse al sometimiento anticipado de su territorio a las leyes autoritarias chinas que permiten ejercer censura y persecución sobre cualquier disidente. Veintisiete años antes de que legalmente terminase el régimen de autonomía de esta isla, el gobierno de Xi Jinping ha logrado aprobar una normatividad que, de una manera muy ambigua, establece que los delitos de separatismo, subversión, terrorismo y colusión con potencias extranjeras serán atendidos por la justicia continental, por lo que prácticamente cualquier manifestante que apoye la libertad o la democracia en Hong Kong puede (y ya está comenzado a usarse de esta manera) será procesado por las instituciones chinas, en donde sus posibilidades de un juicio justo son muy bajas.
A estos casos hay que sumar el de la Rusia de Vladimir Putin. A principios de año, en un discurso ante la Asamblea Federal, Putin había señalado sus intenciones de realizar una serie de reformas a la constitución rusa y de someterlas a la consideración del pueblo mediante un referéndum. Entre los múltiples cambios se estableció la preeminencia de la constitución rusa por sobre cualquier instrumento internacional, la reafirmación del matrimonio como una institución que sólo puede materializarse en la unión de un hombre y una mujer, el establecimiento de criterios más rígidos de residencia y nacionalidad para la obtención de cargos públicos y, un punto no menor, la eliminación de la frase “no consecutiva” a la reglamentación de la reelección del presidente, con la adición de que el contador de veces en el cargo se reiniciaría al aprobarse el nuevo texto constitucional. Con esto, Vladimir Putin ya no tendría que dejar el cargo en 2024 y, por el contrario, podría presentarse a esa elección y también a la de 2030, con lo que podría quedarse en el poder hasta 2036.
Las reformas fueron aprobadas sin mayores inconvenientes por el legislativo, pero aún se requería el maquillaje democrático del referéndum. El periodo de pandemia ofreció una oportunidad única para realizar este proceso y, además, poder desactivar cualquier tipo de manifestación o protesta pública. El referéndum originalmente llamado para el 22 de abril se movió para realizarse durante toda la semana del 25 de junio al 1 de julio. El resultado, de manera poco sorprendente, le dio 78.5% de apoyo a la propuesta de Putin, por lo que, después de esta pandemia, él podrá seguir en el poder al menos otros 16 años. Esta crisis le ha venido como anillo al dedo a múltiples políticos del mundo.