Desde hace un mes se debate en Argentina la compleja posición que ha adoptado el gobierno de Alberto Fernández frente al régimen de Nicolás Maduro. Cuando el embajador argentino ante la ONU, Federico Villegas, respaldó el último informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet, sobre violaciones a derechos humanos en Venezuela, buena parte de la prensa kirchnerista, partidaria de Maduro, estalló contra el presidente Fernández.
La política hacia la crisis venezolana que han seguido el mandatario argentino y su canciller Felipe Solá es una de esas construcciones sofisticadas que no cae bien en ninguno de los extremos de la política latinoamericana. Se trata de una posición que busca un centro que eluda tanto el madurismo kirchnerista y el antimadurismo macrista.
La Casa Rosada no reconoce al gobierno de Juan Guaidó, rechaza los diversos mecanismos de presión que se han activado sobre Caracas —desde el golpe de Estado hasta el embargo comercial, pasando por la amenaza de intervención militar—, pero no abandona el Grupo de Lima, admite la violación de derechos humanos y llama a una salida electoral y democrática a la crisis. En la apologética bolivariana, de prédica diaria en Telesur y Granma, hablar de “crisis” en Venezuela es suficiente para ser calificado de cómplice del imperialismo.
Hace unos días, en Lima, el gobierno argentino reiteró su posición. Frente a la iniciativa de crear un gobierno de transición, la delegación argentina respaldó el posicionamiento de la Conferencia Episcopal Venezolana y sostuvo que las elecciones parlamentarias de diciembre ofrecían una salida virtual. En dos momentos de la misma declaración de la cancillería se asentaba como premisa que dichas elecciones fueran “libres, justas, imparciales y con la participación de todos los partidos y movimientos políticos”.
Asumir esa posición dentro del Grupo de Lima no gusta al maximalismo de La Habana y Caracas, que quisiera ver a Fernández del lado de Maduro. Pero mucho menos gusta que Argentina se sume al Grupo Internacional de Contacto, de la Unión Europea y diversos países de América Latina, después de que el nuevo gobierno uruguayo de Luis Lacalle Pou abandonara el Mecanismo de Montevideo, impulsado por México y el Caricom.
Del documento presentado por la cancillería argentina en Lima se desprende también que Buenos Aires no acepta la posición oficial madurista en el sentido de que lo único que hay que exigir es el cese de las sanciones a Venezuela. También habría que demandar el cese de la represión interna, de la manipulación del Consejo Nacional Electoral y de la inhabilitación de líderes opositores.
Aún así, el gobierno de Alberto Fernández considera que es un error de la oposición venezolana abstenerse o no participar en la contienda. Los actores internacionales que la alientan a hacerlo, también se equivocan porque reducen sus posibilidades de llegar al poder o impugnar los resultados.
