En caso de que la consulta ciudadana que el Presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en proponer para que supuestamente “el pueblo juzgue” a tres de sus antecesores por actos de corrupción, la única fecha prevista en la Constitución es el primer domingo de agosto, no el día de las elecciones federales y estatales de junio de 2021, en las que intentaría que su nombre aparezca en la boleta electoral, ante el riesgo de derrotas de los candidatos de Morena.
En su mañanera de ayer, declaró que en caso de que se llegara a avalar esa consulta, será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidiría la fecha, pero ésta únicamente la constitucionalidad de la misma, más no fijar otra fecha que la Carta Magna establece en el Artículo 35, fracción VIII, Apartado Quinto de la misma y que es el señalado.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
La pandemia por Covid-19 cobra más vidas, cuyo número llegó a 61 mil 450 fallecimientos, tras cuatro mil 916 contagios ocurridos 24 horas antes y 80 mil 862 sospechosos, con lo que el total de casos acumulados registró 568 mil 621, informaron las autoridades de la Secretaría de Salud.
Ésta aduce que las hospitalizaciones van “en descenso”, con lo que parecen buscar con ello que la situación deje de ser alarmante, sin registrar que son muchos, cientos o miles las personas que aun con síntomas de coronavirus o haberse sometido a pruebas, prefieran permanecer en su casa y no acudir a un hospital ante el temor de ser intubados, como sus familiares lo reconocen.
Alarmantes, las cifras que dio a conocer el Banco de México de que en el segundo trimestre del año, inversionistas extranjeros retiraron ocho mil 700 millones de dólares ante la incertidumbre y temor de medidas gubernamentales que pudieran significarles riesgo de pérdidas, lo que es un apunte de la situación prevaleciente en el país.
Carlos Mendoza Davis, gobernador panista de Baja California Sur, puso al descubierto la maniobra de Morena para apoderarse del Congreso de esa entidad por la remoción de cinco diputados opositores a la bancada de ese partido, por lo que anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para denunciar ese hecho y advirtió que su gobierno no publicará los decretos emitidos por el Congreso local a partir de esta fecha.
Explicó el mandatario estatal que los cinco diputados que fueron removidos y los otros tres amonestados contaban con un amparo del Juzgado Segundo de Distrito que ordenó al Congreso abstenerse de emitir una resolución definitiva respecto al juicio político en su contra, al señalar que la bancada morenista —como lo ha empezado a hacer en otras entidades federativas— busca controlar los congresos locales.
