Fue en 2011 cuando las primeras “Ladies” llegaron a las redes sociales, para ser seguidas por muchas y muchos otros personajes cuyas acciones negativas como extorsión, agresiones, nepotismo, soborno u otros delitos han hecho que usuarios de internet los vuelvan virales y “linchados” digitalmente… pero muy pocos con consecuencias legales, reales.
Prácticamente todos los días, la codiciada lista del “Trending Topic” arroja algún hecho reprobable. Subimos un tuit, damos “RT”, nos volvemos parte de una conversación en la que la comunidad virtual prácticamente resuelve cualquier caso, pero hasta ahora, ningún “hilo” por sí solo ha sido capaz de dictar una sentencia legal. Porque sin denuncia formal no hay delito, ni falta.
Hechos simples como un mal servicio, encuentran en las plataformas digitales una ventana para ser exhibidos, pero no van más allá de una rabieta pública y publicada.
La misma Procuraduría Federal del Consumidor ha reconocido que las redes sociales son una gran herramienta donde la población puede hacer una queja rápida, a través de los dispositivos que se tienen a la mano.
Sin embargo, no habrá ninguna consecuencia si no se presenta una querella formal, con la identidad de la persona inconforme, detalles del hecho e involucrados, que permitan a la autoridad correspondiente hacer un seguimiento.
Pero lo grave llega cuando en las redes sociales se denuncian hechos realmente devastadores, como violencia extrema, abuso sexual, tortura u otros delitos que se quedan en la pantalla de un teléfono o computadora, sin llegar a integrar ninguna carpeta de investigación en un ministerio público.
A principio de este año la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó la campaña “Sin denuncia formal no hay avance legal”, luego de que varias escuelas de la máxima casa de estudios fueran tomadas y cerradas a manera de protesta por los presuntos abusos sexuales y otras agresiones a estudiantes dentro de las instalaciones; pero muchos de los casos mencionados carecían de una denuncia formal.
Esto fue evidenciado en su momento por la directora de la Prepa 9, Gabriela Martínez Miranda, quien dijo que aunque se intentaba dar respuesta a las demandas, no era posible si ninguna alumna se acercaba a realizar el trámite correspondiente, ante la autoridad correspondiente, para iniciar un proceso como lo que marca la legislación universitaria y las leyes de México.
La Prepa 9 estuvo cerrada por 4 meses, con consecuencias académicas graves y ningún detenido por los presuntos delitos que ocasionaron el paro.
De acuerdo al último Índice Global de Impunidad 2020 de la Universidad de las Américas Puebla, México está entre los 10 países con mayor nivel de impunidad de 69 analizados.
La impunidad en nuestro país, según organizaciones y estudios como el de Impunidad Cero, alcanza un nivel del 98.86%, donde los ciudadanos somos en parte responsables de ese resultado, pues 93 de cada 100 delitos en México no son denunciados.
Según los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad que realizó el Inegi en 2016, sólo 10.4% de las víctimas totales de un ilícito se aceraron a levantar una denuncia formal.
En cuanto a violencia de género, el 99.7% de los delitos de violencia sexual contra mujeres no fue denunciado, según lo que reveló un estudio de México Evalúa que tomó como referencia los delitos cometidos en el último semestre de 2019, periodo en el que se estima que más de 6 millones de mujeres fueron víctimas de alguna agresión.
Este estudio comparó los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y encontró casos como el de la ciudad de Aguascalientes, donde 20,028 mujeres dijeron ser víctimas de abuso sexual entre julio y diciembre de 2019, pero sorprendentemente los datos oficiales en dependencias no registraron ninguna carpeta de investigación abierta por denuncia.
Es cierto que actualmente sólo el 1.3% de los delitos que llegan a las fiscalías son castigados, pero tampoco esperemos estar dentro de los poquísimos afortunados en alcanzar justicia, si desde el inicio pretendemos arreglarlo todo con un tuit.
Es cierto que los medios digitales han servido para informar, concientizar y unir a la sociedad civil frente alguna causa, visibilizar a los más vulnerables y ejercer presión ante la falta de mecanismos eficaces de justicia, pero es necesario entender que no se hace justicia desde las redes sociales.
No hay sentencia, prisión, ni reparación del daño virtual que alcance a una real. De otra manera nunca romperemos la inercia del círculo vicioso que sólo beneficia a la impunidad.