A diez años de la matanza de San Fernando, vale la pena revisar la actuación de los tres últimos ombudsman nacionales sobre los hechos. Recordemos que el 24 de agosto de 2010 fueron encontrados 72 cuerpos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Se trataba de migrantes, originarios principalmente de países centroamericanos, quienes viajaban rumbo a la frontera estadounidense. Primero fueron secuestrados y luego privados de la vida por un grupo de la delincuencia organizada.
Durante el periodo de Raúl Plascencia en la CNDH se inició una queja de oficio tan pronto como la masacre se hizo pública; posteriormente, se determinó la existencia de violaciones a los derechos a la legalidad, acceso a la procuración de justicia y a la verdad en agravio de los fallecidos y sus familias. De ahí que se hicieran recomendaciones específicas a los entonces procurador General de la República y gobernador de Tamaulipas. Entre las principales destacan la adopción de medidas para realizar protocolos de identificación de cadáveres que garantizaran a los familiares de las víctimas conocer el destino de las personas enviadas a la fosa común, así como la capacitación a agentes del Ministerio Público y peritos sobre identificación, manejo y conservación de cadáveres. Lamentablemente, existen dos circunstancias que empañan esta indagatoria. La primera es la tardanza con la que fue realizada, pues se emitió casi tres años y medio después de la matanza. La segunda es peor aún pues, haciendo cálculos para no incomodar al gobierno, Plascencia la publicó el 23 de diciembre de 2013, apostando a que el ambiente de las fiestas de fin de año contribuyera a minimizar su impacto social.
El siguiente titular de la CNDH emitió una recomendación sobre los hechos que tuvieron lugar, entre abril y mayo de 2011, conocidos como la segunda masacre de San Fernando, donde se localizaron 48 fosas clandestinas con un total de 196 cuerpos o restos humanos. La investigación constató la existencia de violaciones graves a los derechos a la justicia, la seguridad jurídica y la verdad, en agravio de las víctimas que fueron localizadas en las fosas, atribuibles al personal de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas y de la PGR. El ombudsman hizo público este pronunciamiento hasta octubre de 2019, más de ocho años después de ocurridos los hechos y faltándole menos de un mes para concluir el periodo de su nombramiento.
La semana pasada, la CNDH dio a conocer los compromisos adquiridos en la mesa de trabajo realizada en torno al caso San Fernando, en la que participaron autoridades federales y de Tamaulipas, así como representantes de las víctimas y de organizaciones civiles, para la posible creación de una unidad mixta de investigación en la Fiscalía General de la República, así como la forma de prestar medidas de atención urgente a las víctimas. Considerando la actuación de sus antecesores, sería deseable que la actuación de la actual ombudsperson sea oportuna y ajena a intereses políticos. Mantengámonos atentos.