En los últimos años, un peligroso estereotipo, que parecía desterrado de México por una larga y eminente política cultural de Estado, vuelve por sus fueros. Me refiero al estereotipo que ve la producción intelectual y científica como elitista, por naturaleza, y que supone que su financiamiento público desde el presupuesto y los fideicomisos favorece la corrupción y la opacidad.
No dudo en calificar esa percepción como estereotipo porque ninguna de las acusaciones que se han hecho a los fideicomisos del Conacyt o la Secretaría de Cultura, desde el gobierno y el partido oficial, ha sido judicialmente encausada. Es evidente que la mayoría de los 55 fideicomisos que se planean suprimir no forma parte de los casos aludidos, más no procesados, de corrupción en las pasadas administraciones.
Los estereotipos o los prejuicios se alimentan desde el poder con acusaciones vagas, que caen en el terreno fértil de la polarización política que se vive en México. Por ese medio se construye una imagen oficial de los académicos, intelectuales y científicos como sujetos privilegiados, que no han ganado reconocimiento y status por mérito propio sino por la malversación de fondos públicos del antiguo régimen neoliberal.
Si el propósito del gobierno fuera fiscalizar la transferencia de esos fondos, no optaría por eliminarlos. Todo parece indicar que desde mucho antes de la pandemia, la administración federal poseía una idea negativa de los fideicomisos. La crisis sanitaria y económica, impuesta por el coronavirus, ofreció un contexto propicio para aplicar medidas extremas, que se resumen en la cancelación de mecanismos de financiamiento supletorio, sin los cuales algunas instituciones básicas de ciencias exactas, naturales y sociales pueden desaparecer.
En el caso de las ciencias sociales, los prejuicios que vemos ascender en la política mexicana tienen un origen ideológico muy preciso. Al igual que en otras experiencias de la izquierda autoritaria latinoamericana, las humanidades académicas de excelencia son vistas como un campo “neutral”, “no comprometido”, “no militante” y, en resumidas cuentas, contaminado por la lógica neoliberal.
El adjetivo “neoliberal” ya no significa, en ese estereotipo, lo que el neoliberalismo es en la ciencia económica. Neoliberal es ahora lo que en la Guerra Fría era “burgués” o “capitalista”, por lo que la academia del antiguo régimen, paradójicamente financiada por el Estado, debería ser extirpada o reducida al mínimo.
No sé si los promotores de esa política de tierra arrasada en la academia y la cultura advierten que el sistema que quieren destruir, el del financiamiento público del campo intelectual, es, precisamente, una de las más tangibles alternativas al neoliberalismo cultural que avanza en el siglo XXI. Un sector público fuerte, en ciencia y tecnología, es el mejor antídoto a la privatización y mercantilización del conocimiento.
