En medio de intimidación presidencial y presión callejera para que votaran a favor de la consulta popular para enjuiciar a exmandatarios, seis ministros de la Suprema Corte así lo hicieron, mientras cinco estuvieron en contra, pero después en sesión privada, por mayoría de 8-3 acordaron modificar la pregunta propuesta por el Presidente López Obrador y eliminaron mencionar los nombres de sus antecesores y la palabra “delitos”.
El alto tribunal remitirá al Senado su resolución para que, de acuerdo a la reforma constitucional del año pasado, aprobada por mayoría simple, esa consulta se realice el primer domingo de agosto del año próximo —no el 6 de junio, mismo día de elecciones federales y estatales, como lo pretende el Ejecutivo— para aparecer en las boletas en las elecciones federales y estatales.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Después de que la víspera, el Presidente instara a los ministros a tener en cuenta los sentimientos de los ciudadanos antes de votar su propuesta de consulta popular, en su mañanera todavía les pidió “no negar al pueblo su derecho de participación y que se haga valer la democracia”.
Dijo más: “Sería lamentable que la Corte rechace la realización de una consulta popular para llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes con la excusa de que se violan los derechos humanos”, mientras que en los alrededores de la sede de aquella, en la calle de Pino Suárez, se congregaron grupos con mantas y pancartas para ejercer también presión a que se votara a favor de la consulta.
Fueron, a querer o no, varias de las acciones con las que se buscó presionar y advertir a los ministros del supremo tribunal de justicia, que deberían declarar constitucional la consulta y respetar la democracia participativa que proclaman el Presidente y la 4T. Lo que no esperaban era eliminar nombres de sus antecesores en la pregunta.
Mas aun, antes de que se iniciara el pleno a distancia, hubo voces que anticiparon que la propuesta presidencial recibiría los votos a favor de la mayoría de ministros, ya que si no era así, López Obrador, como lo advirtió, enviaría una iniciativa de reforma al artículo 35 constitucional para que no se cancele esa posibilidad de que la población participe y pueda opinar.
Grupos inconformes por la extinción de 109 fideicomisos se apostaron desde el mediodía de ayer a las puertas de la Cámara de Diputados para exigir al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González, que no se aprobara el dictamen, lo que ocurrió en breve sesión y que se deberá discutir en el pleno por las reservas presentadas por las bancadas de oposición y Morena.
