Lo preocupante en la elección presidencial hoy en Estados Unidos no es si el candidato demócrata, Joe Biden, como apuntan las encuestas, llega a ganar, sino que el presidente Donald Trump acepte su derrota, empecinado como está en continuar otros cuatro años en la Casa Blanca.
Y es que ha dicho y repetido —aunque a última hora lo ha negado— que advierte “signos de ilegalidad” en el proceso que “podrían llevar a un fraude”, por lo que no reconocería los resultados, actitud que podría desembocar en un conflicto poselectoral, salvo que éstos favorecieran de manera contundente al exvicepresidente.
DE ESTO Y DE AQUELLO
El informe presentado seis meses después de la fecha establecida por la Auditoría Superior de la Federación del primer año del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló una serie de irregularidades e incumplimientos de dependencias y gobiernos estatales de Morena, que han originado serias críticas de la oposición sobre el presunto combate a la corrupción.
La coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, de plano calificó de “farsa” los reiterados señalamientos del Ejecutivo federal de que en su Gobierno se castiguen los ilícitos, de acuerdo con las observaciones dadas a conocer en el reporte que el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, presentó el viernes en la Cámara de Diputados, en el que no incluyó los programas prioritarios del Gobierno.
Tal parece que lo que no logró la Fiscalía General de la República con Rosario Robles, para dejarla en libertad a cambio de involucrar a exfuncionarios del anterior gobierno priista, en el caso de la Estafa Maestra, lo logró sin problema con Emilio Zebadúa, quien fuera su oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario.
El exfuncionario acudió a esa dependencia para acogerse al “criterio de oportunidad” y acusar a quien o quienes se le ordene y así evitar ser encarcelado, como lo está la exfuncionaria desde hace un año por negarse a lo que aceptó el político chiapaneco: convertirse en delator, igual que Emilio Lozoya Austin.
A su vez, el senador emecista Juan Zepeda, advirtió que la FGR no debe pervertir la figura de “criterio de oportunidad” al que se acogió Zebadúa “para declarar lo que el Gobierno quiera” y no pisar la cárcel, lo que evidencia que esa dependencia “autónoma” no ha logrado armar casos sólidos que involucren a exfuncionarios del sexenio pasado.
Posponer el debate del Pacto Fiscal para antes discutir el Presupuesto 2021 y analizar los recortes a sus estados, propusieron los gobernadores de la Alianza Federalista, no obstante que el plazo fatal para los diputados es el 15 de este mes.
