Como en tantos países latinoamericanos, la democracia en Perú atraviesa una crisis profunda. Hay, sin embargo, algunas diferencias con otras crisis andinas que vale destacar. Al contrario de lo sucedido en Ecuador o Bolivia, en los últimos años, la destitución del presidente Martín Vizcarra no es resultado del deterioro de una hegemonía política de izquierda ni del ascenso de una nueva derecha.
Desde la caída de Alberto Fujimori, hace dos décadas, el campo político peruano es uno de los más diseminados de América Latina y el Caribe. En ese país andino existen más de veinte partidos políticos, que participan regularmente en elecciones legislativas y ejecutivas. Esa fragmentación y el giro constante de los liderazgos impiden la construcción de hegemonías.
Un efecto de la dispersión del sistema de partidos ha sido la consolidación de los poderes judicial y legislativo, frente al ejecutivo. En los últimos años, la relación del congreso con los presidentes se ha vuelto más conflictiva y el poder judicial ha jugado un papel decisivo en el procesamiento de los varios mandatarios y líderes políticos del país, implicados en la gran trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
A diferencia de todos sus predecesores, el ingeniero Martín Vizcarra no proviene de un liderazgo partidista. Luego de una breve afiliación al APRA, se concentró en la política regional y llegó al gobierno del departamento de la Región Moquegua. Desde ahí logró la nominación a la vicepresidencia con Pedro Pablo Kuczynski en 2016, a la que sumó en 2017 el nombramiento como embajador en Canadá.
Las leyes peruanas permiten compartir funciones vicepresidenciales y diplomáticas por lo que en 2018, cuando Kuczynski renunció, en medio de imputaciones por sus vínculos con el escándalo Odebrecht, Vizcarra asumió la presidencia. A pesar de que, inicialmente, gozó de relativa popularidad, muy pronto se desataron las tensiones con el congreso, especialmente con el grupo parlamentario de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, en alianza con el APRA.
Vizcarra intentó someter al congreso por medio de un decreto de disolución en septiembre de 2019. Sin embargo, no lo logró, ya que las nuevas elecciones legislativas de enero de 2020 crearon una nueva mayoría parlamentaria opositora. Sin partido propio, el presidente comenzó a ser hostilizado por el congreso, primero, con el caso de Richard Swing, un cantante contratado por el Ministerio de Cultura para dar “charlas motivacionales”, a cambio de cifras astronómicas, y luego con el reciente proceso de “vacancia presidencial” por “permanente incapacidad moral”.
La crisis peruana responde a una confrontación entre poderes que, a diferencia de la boliviana, deja en claro la ausencia de hegemonía en el campo político. Las próximas elecciones presidenciales, en abril de 2021, podrían resolver el dilema, pero no pocos analistas peruanos llaman a no hacerse ilusiones.
