“Es un hecho: la violencia sexual va en aumento; en términos legales, es posible señalar que una sociedad que no sanciona correctamente los casos de acoso u hostigamiento sexual, abre la puerta a casos más complejos, como la violación o el feminicidio, pues ha normalizado la violencia sexual y ha creado condiciones que favorecen la impunidad, dejando en el desamparo jurídico a las víctimas.”
Así empezó mi plática con Flor Rodríguez, directora de Repara Lumea contra la Violencia de Género, A.C., que es una organización de mujeres académicas e investigadoras que realizan un gran trabajo en sensibilización, concientización y profesionalización para atender casos. Ellas han impulsado una agenda para que el Código Penal de la Ciudad de México amplíe las causales del delito de acoso sexual, ya que actualmente éste no contempla, por ejemplo, como motivo de acoso, a quien persiga, asedie o exhiba sus órganos sexuales, así como la necesidad de no sólo reconocer el impacto psicológico que éste tenga en la víctima, sino el temor que detona.
El artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal, que se refiere al tema de Acoso Sexual, establece que cuando exista una relación jerárquica, ya sea de relaciones laborales, docentes o domésticas, la pena se incrementará en una tercera parte. La iniciativa que lanza Repara Lumea solicita que también se especifique cuando esta relación sea religiosa, y es que durante la entrevista comparte que el acoso sexual en nuestro país es un tema minimizado y normalizado, y es necesario visibilizar todos los motivos y causales para que nada quede impune.
Para lograr que su propuesta sea contemplada en el Congreso de la Ciudad de México han recurrido con la diputada Alessandra Rojo de la Vega, quien presentó esta iniciativa el 5 de marzo de 2020, y donde aparentemente recibió el apoyo de las y los legisladores; sin embargo, hoy se encuentra congelada en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Los estados que más casos registran en los últimos años de este tipo de violencias son: Querétaro, Baja California Sur y la Ciudad de México; de ahí la importancia que la capital del país, que siempre se ha caracterizado por ser la punta de lanza en el reconocimiento de los derechos humanos, ahora también tome la batuta, al elaborar estas modificaciones y se logre un impacto en el resto de la República Mexicana.
Estamos sólo a unos días de conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Esta violencia es reconocida como una de las conductas más devastadoras y extendidas de la violación de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo y que, sin duda, sería una gran oportunidad para que el Congreso de la Ciudad de México retome la iniciativa y amplíe la protección que tanto necesitan las mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes que viven y transitan en nuestra CDMX. Porque lo que es cierto es que hoy el movimiento de mujeres se mueve en contextos de exigibilidad de acciones contundentes, que garanticen una vida libre de violencia.