México es un país de leyes y códigos que, por lo regular, no se cumplen. Las administraciones anteriores, del PRI y del PAN, han sido juzgadas por su corrupción y su impunidad. El nuevo Gobierno ha inaugurado una nueva concepción de la función pública, sin que ello haya evitado que sigan surgiendo nuevos casos de corrupción. No sólo eso, entre las administraciones anteriores y la actual, poco ha cambiado la forma en la cual el mexicano promedio se las arregla con la realidad. Lo que los puristas del derecho podrían llamar corrupción e impunidad, es una legalidad paralela.
Las normas cumplen con múltiples propósitos, pero en su origen todas buscan hacer del mundo un lugar un poco más predecible. El saber qué esperar cuando uno sale a la calle, emprende un negocio, compra o vende un bien, es lo que mantiene funcionando las relaciones familiares, comerciales y civiles. Ése debería ser el sentido de las normas, crear un marco en donde las acciones del otro sean predecibles.
Sin embargo, en muchas partes del mundo existe una brecha entre la realidad y el marco jurídico que las regula. La brecha es redirigida, de hecho, por órganos judiciales: ministerios públicos, tribunales, procuradurías, fiscalías; por medios de comunicación y por la ciudadanía con los mecanismos de rendición de cuentas con los que cuenta. Pero, cuando los primeros mecanismos fallan, la brecha es resuelta haciéndola aún más grande: sobornos, extorsiones, secuestros, violencia y corrupción, que al generalizarse y hacerse costumbre, se vuelven, por lo tanto, predecibles.
En México esta situación produce altos costos sociales: desgaste del tejido social, aumento en los índices delictivos, baja recaudación tributaria, deficiencia en los servicios públicos y baja confianza para las inversiones. Pero ante una situación que podría resultar caótica, al generarse relaciones y situaciones alejadas de lo regulado por el Estado, la sociedad ha encontrado formas de organización que han ordenado, en cierta medida, la vida pública en el país.
Se han generado legalidades paralelas que permiten, por ejemplo, la generación de comercios (informales) que atienden a un mercado específico y no por ello minoritario, pero también la generación de negocios ilegales, como el de las drogas, cuyo consumo se ha generalizado en nuestro país y produce elevados índices delictivos que se han vuelto imbatibles. Sumado a ello, existen prácticas dentro del Gobierno normalizadas y generalizadas, alejadas de la legalidad, que permanecen impunes hasta que el asunto se vuelve político, pero que en la normalidad agilizan la resolución de asuntos en la estructura burocrática gubernamental.
Esta reflexión viene al caso, porque el marco jurídico mexicano parece ignorar la falta de supervisión y cumplimiento al mismo. Valdría la pena que el legislador se resista a ver a México como un país que en algún momento cambiará espontáneamente, para reconocer la forma en la cual opera la sociedad en este país y, con base en ello, regularlo.