El Consejo Coordinador Empresarial, de Carlos Salazar, y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, de Francisco Cervantes, tienen esperanza de una negociación afortunada de la iniciativa presidencial para extinguir la figura de tercerización laboral; se han encontrado con Andrés Manuel López Obrador, recibido con optimismo algunas frases en las mañaneras y los pronunciamientos del senador Ricardo Monreal… aunque los objetivos fiscales y electorales de la iniciativa siguen activos y amagan con un apocalipsis laboral.
Buena parte de las empresas de servicios y manufactura se apoyan en la tercerización para sus múltiples actividades: no en vano suman casi 8 millones de trabajadores y empleados ocupados bajo alguno de los modelos de outsourcing existente. La extinción de la figura elevaría el costo laboral, echaría abajo la competitividad en sectores especializados y de exportación, abriendo la puerta a una mayor informalidad.
Pero la iniciativa atribuiría un enorme poder a Luisa María Alcalde, pues la STPS será la encargada de “palomear” qué esquemas de subcontratación “cumplen o no cumplen” una ley cuyos supuestos de incumplimiento son tan amplios que hoy colocan a prácticamente a todas las compañías en situación de infracciones que ameritarían sanciones penales.
Así, los patrones tendrían que “pedir permiso” para no perder competitividad o ser criminalizados; mientras los sindicatos, como el minero de Napoleón Gómez Urrutia, serían los nuevos “outsourceros” y, por tanto, los dispensadores de puestos de trabajo en medio de la recesión y previo a la elección de 2021. Respecto a los alcances electorales, es muy recomendable revisar la columna de Javier Tejado de ayer en El Universal.
En materia fiscal, queda claro que la iniciativa pretende aumentar el monto de cotizaciones del IMSS para atenuar los padecimientos financieros de la entidad a cargo de Zoé Robledo; y también la de acelerar el pago corporativo de IVA e ISR retenidos a fin de sostener un sobredimensionado presupuesto de Ingresos 2021.
Pero dada la premura de la iniciativa, el resultado puede ser otro: pérdida de empleos, mayor corporativismo sindical, pérdida de competitividad y en consecuencia menores contribuciones a la seguridad social y al erario.
Regreso a clases, la esperanza. Es inaudito que mientras el Consejo General de Salubridad, que encabeza Hugo López-Gatell, permite la operación de casinos, ferias y diversas actividades públicas, mantenga cerradas desde hace 9 meses las escuelas. Cualquiera que tenga hijos pequeños y jóvenes sabrá la dificultad de las clases a distancia, de la falta de equipos y/o conectividad de Internet y, lo más grave, la pérdida de calidad en la enseñanza, pese a los esfuerzos de los maestros y padres de familia. Mientras que en Europa las clases son presenciales, pese a la segunda ola de Covid-19, en México, donde no hemos salido de la primera, la educación no es prioridad. Por ello resulta especialmente valioso que un grupo organizado de padres organizados haya obtenido del juez XVI de la CDMX un amparo para que sus hijos tomen clases presenciales -de manera opcional y en total libertad- bajo todos los cuidados sanitarios. Una señal esperanzadora hacia el futuro.
Segalmex, que viene el cambio. No lo ande diciendo, pero resurgió la versión de que Ignacio Ovalle está por dejar la dirección de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), y que sería sustituido por Rodrigo Rojas Navarrete -nieto de Ifigenia Martínez- que ha estado muy cerca de la reestructuración de la dirigencia de Morena. La salida de René Gavira de la subdirección de finanzas de Segalmex (y remplazado por Oscar Navarro) representó una pérdida notable en la conducción de la institución y para Ovalle, de su mano derecha.
