Tres presidentes en una semana y cinco en cuatro años deberían ser síntomas evidentes de la crisis política peruana. El nuevo presidente Francisco Sagasti, como Martín Vizcarra hace dos años, llega con buena aceptación —ganó 97 de los 130 votos del parlamento unicameral—, pero eso no es garantía definitiva de estabilidad. Ese sistema arrastra problemas desde la Constitución de 1993, aprobada durante el régimen de Alberto Fujimori.
Perú fue uno de los casos más estudiados en el clásico debate sobre parlamentarismo y presidencialismo en América Latina. Autores como Juan Linz, Scott Mainwaring, Barry Levitt, Steven Levitsky, Manuel Alcántara y Josep Colomer, entre otros, lo tuvieron en cuenta. Las dos primeras décadas del siglo XXI ponen en cuestión las supuestas ventajas que se atribuyeron a la parlamentarización y el multipartidismo en América Latina.
Aunque en aquella Constitución de 1993, el presidente era el jefe de Estado y de gobierno a la vez, el titular del Consejo de Ministros, en el modelo peruano, funciona como el Primer Ministro en un régimen parlamentario. Tanto el presidente del Consejo de Ministros como los miembros del gabinete pueden ser cesados por retiro de confianza de los congresistas. Es cierto que el presidente puede disolver el congreso, pero también el congreso puede producir la vacancia del presidente por múltiples motivos, que van desde algún delito de corrupción hasta el cargo de “incapacidad moral permanente”.
Un estudio realizado por el académico Ignacio García Marín cuenta que entre 2000 y 2016, cuando asumió la presidencia Pedro Pablo Kuczynski, unos veinte primeros ministros no permanecieron más de un año en el cargo. Ése y otros estudios apuntan también que la atomización del sistema político se refleja en el reparto de escaños de los principales partidos: Fuerza Popular, Perú Posible, Partido Nacionalista Peruano, APRA, Acción Popular… En las dos últimas décadas ningún partido peruano ha logrado mayoría legislativa sólida ni verdadera hegemonía política.
La mezcla de multipartidismo y parlamentarización, alentada por las transiciones a la democracia a fines del siglo XX, se vuelve costosa. Sobre todo, en un momento en que la crisis sanitaria y económica pasa factura a la desigualdad y los bajos niveles de gasto en salubridad de ese país andino. En el volumen América Latina del estallido a la implosión económica y sanitaria (Planeta, 2020), que coordinamos con el colega del Colmex, Vanni Pattinà, Alberto Vergara sostiene que el gasto en salud de Perú, entre 2000 y 2017, ha estado por debajo del 5% del PIB.
En contraste con la imagen de crecimiento económico sostenido y estabilidad política relativa —si se le compara, por ejemplo, con Venezuela, Brasil, Bolivia o Ecuador—, Perú pareciera estar incubando un colapso mayor si no emergen nuevos liderazgos y no se rediseña el sistema de partidos y la relación del congreso y el gobierno.