Que no sea un espectáculo con fines electorales, ni en favor del Gobierno, ni festín de la oposición. Que respete la presunción de inocencia, pero que no sea una simulación que imponga la no culpabilidad para mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas. Que haga justicia no sólo al acusado, sino a la sociedad que ha sufrido tanto la violencia del crimen organizado como la mano dura de un Estado que, con frecuencia, ha sobrepasado la ley.
Que sea un juicio que aporte datos, no que los fabrique; no sólo para decidir el castigo y la liberación de una persona, sino la comprensión con evidencia de la política de drogas y de la narcoguerra que nos carcome. Ojalá que el proceso nos permita comprender el absurdo de la actual política prohibicionista, sin caer en el angelismo que cree que la despenalización carece de efectos negativos.
He escuchado testimonios de campesinos pobres y aislados de las sierras, que siembran cultivos ilícitos y que temen que, si se permitiera su producción legal, perderían su único sustento material, pues la mariguana y la amapola se sembrarían en parcelas cercanas a las grandes ciudades. He prestado el oído a los psiquiatras que temen que un uso generalizado de la cannabis entre adolescentes, con el cerebro aún inmaduro, sería muy perjudicial para su desarrollo mental. Pero también tengo amigos brillantes que luchan valientemente porque el Estado respete a cada persona su derecho al uso lúdico de las drogas y lo ven como la única vía para la paz.
La historia reciente de México es la de la caída en el abismo de la violencia. La de los desplazamientos forzados. También es la de las Fuerzas Armadas ejecutando extrajudicialmente. Por eso, el juicio al general Cienfuegos no será trivial. Si se practica con transparencia y seriedad, contribuirá a salir de este infierno. Puede ser catártico. Pero si la corrupción se lo apropia, terminará de envilecernos.
El papel del Ejército en el narcotráfico, en México, no es un tema saldado por la historia con una conclusión definitiva. No hay duda de que algunos soldados y ciertos batallones han extorsionado a los campesinos productores de cultivos ilícitos. Tampoco puede dudarse con seriedad que las Fuerzas Armadas mexicanas destruyen miles de hectáreas de droga cada año. Lo que está en duda es si la penetración del crimen organizado afectó en algún momento a la institución como tal. Los archivos históricos no prueban la hipótesis del narco-Estado, pero las historias orales tampoco son suficientes para suplirlos.
Debemos estar abiertos para escuchar una u otra versión. Lo más probable es que la verdad se encuentre en un terreno menos neto y categórico que el que plantean, respectivamente, los amarillistas y los escépticos que confían ciegamente en las instituciones. Por ello, el juicio al general Cienfuegos es tan relevante. Los prohibicionistas y los partidarios de la despenalización, de la misma manera, deberían abrirse a soluciones que no han imaginado.