Los estallidos sociales en América Latina han trazado un itinerario tan abarcador que ninguna corriente política sale ilesa del enojo. Izquierdas, centros y derechas, gobiernos neoliberales o “socialistas del siglo XXI” han sido confrontados en las calles por una ciudadanía cansada de sus políticos. El mismo espectáculo de protestas populares, que hemos visto en Venezuela y Colombia, en Ecuador y Argentina, en Chile y Brasil, se ha repetido en los últimos días en Guatemala.
El presidente Alejandro Giammattei y el partido conservador Vamos, que controlan el congreso guatemalteco, intentaron impulsar un presupuesto que sintetiza el ajuste ortodoxo que promueve ese gobierno centroamericano. El nuevo conservadurismo guatemalteco, que comparte una zona de la agenda derechista latinoamericana de líderes como el brasileño Jair Bolsonaro y el salvadoreño Nayib Bukele (oposición al aborto, al matrimonio igualitario y aliento al ascenso del evangelismo reaccionario), ha apostado por una drástica reducción presupuestaria en medio de la pandemia.
Al igual que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el de Giammattei en Guatemala se ha opuesto a medidas contracíclicas y ha limitado el gasto en derechos sociales. En México, por lo menos, se ha anunciado un aumento del salario mínimo para el año próximo, pero en Guatemala ni eso y el deterioro del ingreso de los trabajadores se agudiza con el abandono de las primas y pensiones laborales. La pauta que ha seguido el gobierno guatemalteco en la pandemia es muy similar a la de México: reducir el déficit fiscal y evitar el endeudamiento.
Como en otros países de la región, el malestar ha sido catalizado por una juventud inconforme que ha salido a las calles y ha prendido fuego al congreso. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos, que sufren en carne propia la caída del gasto en educación pública superior, se han colocado al frente de las protestas, exigiendo la renegociación del presupuesto, la renuncia del presidente Giammattei y de los propios congresistas partidarios del recorte.
Como en la mayoría de las naciones de la región, la respuesta de las autoridades ha sido altamente represiva. Los protocolos para la resolución de conflictos se han degradado aceleradamente en América Latina en los últimos años. A ese retroceso contribuyen los liderazgos polarizadores, las nuevas derechas y el incremento de roles de los ejércitos que observamos lo mismo en Brasil o México, El Salvador o Guatemala.
La crisis ha llegado al punto de que el propio vicepresidente Guillermo Castillo propuso la renuncia del presidente Giammattei. También llamó a investigar la violencia represiva en la respuesta a las manifestaciones del pasado fin de semana, con lo cual abrió un flanco de racionalidad dentro del gobierno, que ha apostado por la vieja narrativa autoritaria de que los jóvenes son agentes subversivos, que atentan contra la seguridad nacional.