Una estrategia de seguridad que no fortalece las funciones de las policías municipales, simplemente rompe la cadena más cercana de proximidad, prevención y protección ciudadana; diluirla implica vulnerabilidad para que la delincuencia se infiltre en lo que más busca cooptar: territorio y mandos policiacos.
Es así, que durante al menos los últimos catorce años, se ha debatido incansablemente sobre qué modelo debe prevalecer; si un mando único coordinado estatal con la Federación o que cada entidad y municipio se haga cargo de la seguridad. Ambos modelos tienen fortalezas y atraen debilidades; no obstante, la peor condición es la indefinición y que en esta circunstancia, comiencen a debilitarse las capacidades económicas, institucionales y operacionales de los mandos policiacos municipales.
En fechas recientes, conocimos del recorte presupuestario por parte del Congreso de la Unión, para temas de seguridad municipal en el 2021, tanto del Fortemun como del Fortaseg; sin embargo, este último es un programa de fortalecimiento para la seguridad de vital importancia para los municipios del país.
El reto no es sólo encontrar el modelo policiaco idóneo, en los hechos la problemática también radica en el ejercicio de los presupuestos de seguridad que según la fiscalización superior de las cuentas públicas del Fortaseg, constantemente se detectan fallas inverosímiles y dispendios injustificados.
Desde transferencias federales a cuentas bancarias erróneas, desvío de recursos y ceguera en la fiscalización, hasta recursos no ejercidos o devengados.
Sin dejar de fustigar estos vicios, no por existir malos manejos en el programa insignia de seguridad municipal y que poco a poco iban entendiendo los mandos policiacos, éste debiera desaparecer.
Para este 2021, ya no se contarán con 3 mil mdp, que servían a los municipios para pagar los salarios de los policías, su capacitación y adiestramiento, el control de confianza, equipamiento y homologación salarial con el resto del país.
Se dice que esos recursos seguirán llegando a los estados y municipios, lo que preocupa es que no se sabe si esos recursos estarán etiquetados para mejorar funciones policiales en los mandos locales o se destinarán a la Guardia Nacional. Si ya vimos que los programas con reglas de operación son difíciles de fiscalizar, ahora sin ellas se complicará más y se compromete su eficacia.
En la construcción de la estrategia, de mandos policiacos y protocolos de seguridad no debiera escatimarse y aún cuando debamos erradicar malos manejos, cortar de tajo a los alcaldes de los recursos de seguridad, confunde responsabilidades institucionales y facilita el trabajo a quienes buscan el dominio territorial para otros fines.
Para detectar fallas y obtener resultados positivos en seguridad, se debe evaluar transversalmente los indicadores del modelo óptimo de función policial, el sano ejercicio de recursos y la coordinación operativa Federación, estados y municipios. Avanzar en este sentido, es la forma medible para saber qué debemos mejorar.
