En días pasados, el politólogo Minxin Pei pronunció la conferencia “La larga sombra oscura del totalitarismo sobre China”. Al abordar las perspectivas de democratización del régimen de Beijing, el académico revisó la tesis clásica del sociólogo Seymour Martin Lipset, que establece una correlación virtuosa y directa entre modernización económica y democracia. Señalando que los legados totalitarios lastran la postergada democratización en China Continental.
El país asiático se moderniza a un ritmo y escala inéditos en la historia humana. Desde las reformas de 1977, su economía ha crecido anualmente a casi un 10 por ciento, sacando de la pobreza a 900 millones de personas. Sin embargo, no sólo no se ha producido en China una liberalización política, sino que la dirección colectiva de la era Pos-Mao ha sido sustituida por el poder personal de Xi Jinping. La doble concentración del poder y la riqueza en manos de una clase burocrática y propietaria encabezada por el Partido hace al modelo chino diferente a otras dictaduras militares y caudillistas tradicionales.
El Partido Comunista (único) ha controlado la lealtad de sus élites, manteniendo a la creciente clase media ligada al Estado. El gasto en seguridad interna se ha multiplicado por ocho desde inicios de siglo. La construcción de un orden de vigilancia y castigo, digno de las distopías orwellianas, se extiende al ciberespacio y la biopolítica. Sin embargo, hay retos. La recentralización política, unida a la parcial reestatización de la gestión empresarial, puede debilitar al sistema. Haciéndole menos sensible a las demandas poblacionales, la retroalimentación de los usuarios, la corrección de errores técnicos y la innovación.
El creciente protagonismo internacional le está granjeando a China tantos admiradores como enemigos, en especial en la región Asia Pacífico. Y Latinoamérica apunta a ser zona de influencia del dragón. En la región, China ha ampliado su incidencia en la última década; utilizando los diversos medios materiales, comunicacionales, políticos y culturales para influir, desde dentro, en nuestras sociedades democráticas.
Como ha analizado Juan Pablo Cardenal, Beijing busca conectar personas influyentes de América Latina —políticos y funcionarios, periodistas, académicos, empresarios y exdiplomáticos— con el discurso oficial chino y sus intereses nacionales. Los Institutos Confucio, así como las ferias, seminarios y visitas pagadas a políticos y artistas, desempeñan un papel importante en la estrategia de China hacia América Latina. México no escapa de esa agenda.
En momentos en que, tras el desastroso periodo de Trump, México y China han demostrado un mayor interés en fortalecer sus relaciones, se abren importantes desafíos. Al igual que otros países de América Latina, México ha buscado compensar con China la tradicional asimetría en los vínculos con Estados Unidos. Beijing, en su triple condición de inversor, fuente de crédito y comprador de mercancías, se aprovecha de ello.
Pero China es, además de socio, nuestro competidor en diversos rubros y mercados. Incluidos el de las ideas y valores. Su imperialismo reprueba en derechos cívicos si le comparamos con los de Occidente. Las protestas en Chile y Hong Kong, las mayores de 2019, tuvieron muy distinto desenlace. En el primer escenario, llevaron a un referendo para la renovación del orden constitucional. En el segundo, a una supresión de las libertades personales y la autonomía de la región.
Sería deseable que todas las personalidades influyentes de Latinoamérica, cautivadas por el milagro chino, sinceren las implicaciones que tienen para nuestras sociedades el modelo de gobernanza que Beijing propone. Uno donde el Estado todopoderoso trata a su población como súbditos, acaso ahítos pero sometidos. ¿Es ése el futuro que se merecen los habitantes de la primera región de repúblicas del orbe?
