El martes 15 se aprobó el presupuesto de egresos de la ciudad, los casi 218 mil millones de pesos representan una reducción del 8.8% respecto al aprobado en el 2020. La caída del gasto se ha atribuido a una baja recaudación provocada por la pandemia, aunque si se revisa la información financiera pública disponible, la agudizó; porque los ingresos decrecientes fueron reportados en el 2019. El recorte le pasó la tijera a poderes y órganos autónomos constitucionales locales.
Sin embargo, hubo órganos públicos que resentirán más la reducción de su presupuesto, uno de esos es el Tribunal Superior de Justicia, al cual le quitaron 344 millones de pesos. Sí, el mismo que resuelve los juicios que más impactan la vida diaria de los capitalinos, como pensiones, divorcios, arrendamientos inmobiliarios, títulos de crédito, sucesorios; o procesos penales de homicidio, robo, delitos sexuales, lesiones, entre otros.
Si existe una institución que es la visible muestra del fracaso del Estado mexicano por impartir justicia expedita, es el Poder Judicial de cada entidad federativa. El de la Ciudad de México, a pesar de esfuerzos aislados, no es la excepción. Además, la pandemia ha diezmado funcionarios y agravado la proverbial lentitud del Tribunal
El Congreso local adicionó a los lastres, el de menor monto de los recursos solicitados, por lo que el año entrante será de un mayor rezago en la impartición de justicia, en especial la apertura de juzgados de justicia laboral y de tutela de los derechos humanos.
Lo más preocupante es que la cantidad disminuida al Tribunal, tiene ganador: el Congreso capitalino. Sí, los legisladores se autoasignaron esa cantidad para, según su justificación, pagar de bonos de fin de legislatura y porque necesitaba más recursos para operar en el 2021.
Es cierto que el Congreso es el órgano decisor del presupuesto, pero la legitimidad de su resolución depende de cómo la construye y la socializa. Sus argumentos siempre son posteriores; después de advertirse que lo que era del Tribunal ahora corresponde al Legislativo. Informar sólo cuando se “pilla” sólo abona a la cultura de la sospecha.
Si el Congreso requiere de más presupuesto para cumplir sus funciones, debe justificar por qué sí debe otorgarse la cantidad que es disminuida a otro, porque es obvio que el próximo año es electoral y son recursos que pueden, indebidamente, engrosar el financiamiento a campañas electorales.
Transparentar el presupuesto, su destino, aplicación y justificación contribuye a la certidumbre de su lícito ejercicio y ética autoasignación.
Morena ha hecho del combate a la corrupción, a la deshonestidad, su bandera principal. No obstante, siendo mayoría en el Congreso capitalino, se obsequiaron un recurso arrebatado al Tribunal para darse, en uno de los supuestos, un bono de marcha, cuando han sido incapaces e indolentes en exigir al gobierno un apoyo económico para los miles de emprendedores que están quebrando por la pandemia. Esos también se marcharán a casa, pero sin bono.