Con eso de que en este sexenio para la llamada 4T incumplir cuanto establece la Constitución se ha convertido en práctica cotidiana, ahora se apresta a impugnar ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE que prohíbe al Presidente Andrés Manuel López Obrador hacer propaganda partidista en sus mañaneras de Palacio Nacional durante las campañas, por considerar que “es una violación a la libertad de expresión”
Esa medida, que incluye a los gobernadores de las 32 entidades federativas y a funcionarios federales, estatales y municipales, entre ellos los de Morena, quienes también han mostrado inconformidad con acatarla, al seguir el ejemplo del Ejecutivo federal que tras no haber logrado figurar en la boleta para impulsar las candidaturas del movimiento que fundó, igual que en los comicios de 2018, en los que contendió y ganó con abrumadora votación de hartazgo ciudadano, la Presidencia, lo haría desde sus conferencias de prensa a temprana hora.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Por reales o supuestas “razones de salud”, la doctora Miriam Esther Veras Godoy, quien encabezaba el Programa de Vacunación Universal, renunció a ese cargo, a unos días de haberse iniciado la campaña nacional contra el coronavirus y, además, vigilaba la aplicación de las dosis de Pfizer-BioNtech, amén de haber inaugurado la segunda jornada de inmunización a finales de diciembre en el 81 Batallón de Infantería en la CDMX.
Cuando se le preguntó al Presidente los motivos de esa decisión de la también directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Salud, respondió que de eso informará el vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, quien sigue siendo el funcionario más cuestionado por el mal manejo de ese mortal virus, que ha sido imposible de enfrentar ante los cada vez mayores contagios diarios que se registran.
Alarma mundial desde Copenhague: la Agencia Noruega de Medicamentos reveló que por lo menos 23 adultos mayores —Bloomberg reportó 29— que se vacunaron contra el Covid-19, fallecieron luego de haber sufrido efectos secundarios al aplicárselas, lo que obligó a las autoridades de ese país a aconsejar quienes deben o no ser inmunizados. La mayoría de ellos, de más de 80 años, estaba en casas de reposo.
Lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le reclamó al Gobierno de México por la difusión del expediente del general Salvador Cienfuegos es que nuestro país violó el Tratado de Asistencia Legal y que eso puso en duda continuar compartiendo información confidencial sobre investigaciones aquí, a lo que el Presidente López Obrador respondió que su Gobierno “no podía quedarse callado ante una investigación irresponsable y sin sustento”. Lo que vendrá por ello es impredecible, pero imaginable con un nuevo mandatario de EU.
