Aun cuando las administraciones de los presidentes Trump y Biden difieren en el tratamiento de muchos temas de la agenda internacional, una de sus pocas coincidencias es la actitud hacia China. En su último día como secretario de Estado, Mike Pompeo señaló que la represión del Gobierno chino a los uigures es un acto genocida. Cuestionado sobre esa declaración, Antony Blinken, nuevo inquilino en Foggy Bottom, coincidió con los dichos de su antecesor.
Desde 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, misma que define esta conducta como cualquier acto realizado con el intento de destruir, en todo o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Las conductas genocidas previstas en ese instrumento son matar a los integrantes del grupo; causarles serios daños mentales o corporales; infligirles deliberadamente condiciones de vida calculadas para producir su destrucción física parcial o total; imponer medidas orientadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo, así como transferir a la fuerza menores del grupo a otro grupo.
Es ampliamente conocido el tratamiento que Pekín ha dado a los uigures, grupo mayoritariamente musulman que habita principalmente en la provincia Xinjiang en el noroeste chino. En dicha región, habitan alrededor de 11 millones de uigures, lo que los convierte en una importante minoría. Filtraciones a medios occidentales han mostrado que el Gobierno de China mantiene un sistema de vigilancia que monitorea los hábitos del grupo en la provincia.
La política de Pekín orientada al avasallamiento de las minorías, presente también en el Tíbet, no sólo utiliza estrategias pacíficas de asimilación como la emigración a Xinjiang del grupo étnico de los han (predominante en China), sino también métodos agresivos, como el establecimiento de campos de “reeducación” para presos políticos cuyas “graves” ofensas consisten en mostrar en público símbolos de su cultura y credo religioso. Se calcula que el Gobierno chino ha internado en esos campos a más de un millón de uigures. Las condiciones prevalecientes en dichas instalaciones han sido denunciadas por organizaciones internacionales, que han señalado la prevalencia de trabajos forzados, actos de tortura y esterilizaciones a las mujeres. Aunque probablemente sea excesivo señalar esas prácticas como genocidas, sin duda constituyen crímenes contra la humanidad.
Independientemente del oportunismo de última hora de la administración Trump, lo cierto es que la acusación de genocidio contra el gobierno de China representa un cambio significativo en el nivel de conflicto prevaleciente entre ambos países. Es poco probable que otros gobiernos occidentales apoyen la postura estadounidense. A fines de 2020, la Unión Europea celebró un tratado de inversión con el gigante asiático que mencionó superficialmente la cuestión del trabajo forzado. Si la nueva administración de Estados Unidos retorna al Consejo de Derechos Humanos, posiblemente promueva se condene al Gobierno de Pekín por su trato a los uigures. Será interesante observar si sus aliados occidentales lo secundan o prefieren privilegiar sus intereses económicos.
