Después de 15 años de impunidad, el pasado miércoles “el Gober precioso” Mario Marín, durmió en un penal de Cancún, aunque de características muy distintas de las que cualquiera pensaría que amerita su delito.
No es una cárcel federal, ni siquiera una prisión estatal, es un pequeño penal municipal dentro de la ciudad de Cancún, rodeado de viviendas y sin ningún cerco de seguridad extraordinario, a pesar de ser un centro penitenciario donde la mayoría de los internos están relacionados con el narcotráfico.
Pero es ahí donde está el juez que requirió al exgobernador de Puebla, porque Quintana Roo es donde operaba la red de pornografía infantil y trata que presuntamente creó junto a los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, este último ya encerrado ahí mismo, cumpliendo una sentencia de 112 años de prisión.
Mario Marín dejó un sabor amargo en la Puebla que gobernó de 2005 a 2011, donde esparció su apellido por edificios, escuelas, guarderías y hospitales, mientras era señalado por desvío de fondos, además de la publicación de aquellos audios que revelaban que el exgobernador habría cometido estupro al relacionarse con una joven de sólo 16 años.
Hoy está detenido para responder por el presunto delito de tortura contra la periodista y defensora de derechos humanos, Lydia Cacho, quien recibió la noticia de esta detención siendo de madrugada en España, donde permanece exiliada ante las múltiples amenazas de muerte que por más de una década ha recibido. Desde ahí pude conversar con ella al día siguiente de la captura de Mario Marín:
“Va a esperar a que sus abogados le digan qué decir, cómo mentir”, me dijo Lydia horas antes de que el imputado se reservara su derecho a declarar, solicitando seguir su proceso en arraigo domiciliario, por una supuesta enfermedad de riñón y el peligro de contagio de Covid-19. Petición inmediatamente denegada por el juez.
“Estamos poniendo un ejemplo y sentando un precedente, que un gobernador no puede salir ileso de cometer este tipo de delitos, torturar a una periodista para ocultar una red de trata y de explotación de niñas y niños”, me dijo la periodista, para quien trágicamente las cosas se complican con la aprehensión de su victimario:
“Los expertos en seguridad de España que me protegen y me cuidan me lo dijeron, en este momento es todavía más delicado porque están enojados conmigo, entonces no puedo volver (a México) todavía, hasta que haya verdadera justicia… Yo ya declaré todo lo que tenía que declarar, no estoy obligada a volver a México, como sabrás hay sicarios atrás de mí”.
Y es que de la tercia de ejecutores falta la detención del empresario Kamel Nacif, uno de los líderes económicos en toda esta trama de terror, “y ahí está, ya sabemos dónde está y la autoridad también, yo ya fui a testificar varias veces, ya ratifiqué mi denuncia en contra de él frente al propio gobierno de Líbano, que es donde él se está ocultando”, me dijo Lydia sin titubear.
La periodista señala también al exdirector de la policía judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, como cómplice y asegura que muchas otras investigaciones tendrán que hacerse para determinar los nodos de una red muy grande de delitos que tocaron tierras tan lejanas como Andorra, donde el exgobernador Marín presuntamente tenía nexos con una organización criminal dedicada al lavado de dinero.
Ver a Mario Marín en prisión, después de 15 años de haber sido denunciado, es una dura referencia sobre la cantidad de tiempo que nuestro país puede tardarse en iniciar un proceso para hacer justicia, aun en un caso tan mediático —incluso a nivel internacional— como el de la periodista Lydia Cacho y su ya conocida capacidad de resonancia.
Y la impunidad va más allá de los tiempos, pues aunque la ejecución de esta orden de aprehensión se da por un delito grave como lo es la tortura que sufrió Lydia Cacho, el crimen por el que precisamente quisieron callarla, sigue sin castigo: la explotación sexual de menores.
México genera más del 60 por ciento de la pornografía infantil en el mundo y ocupa el primer lugar como exportador de este vergonzoso “servicio”. Así que la cárcel para Mario Marín no es la justicia completa para Lydia Cacho, ni cercanamente un golpe duro para una de las redes más horrorosas del crimen organizado, que la periodista se atrevió a perseguir y denunciar hace más de 15 años.
