Gobierno incumplidor

SURCO

Obdulio Ávila
Obdulio Ávila La Razón de México.

Si una persona incumple sus obligaciones fiscales con la administración pública, inmediatamente sufre las consecuencias.

Sin embargo, el estricto recaudador de los ingresos públicos es omiso y regatea el gasto que le corresponde a quien no integra el poder Ejecutivo local. Los demás poderes y órganos constitucionales autónomos de la ciudad deberían inconformarse de las reducciones u omisiones presupuestales injustificadas.

Lamentablemente, los entes públicos que impugnan reducciones presupuestales dictadas por el Ejecutivo son pocos; el miedo o la indebida adhesión acrítica ahoga la independencia que les confiere el ordenamiento jurídico y que siempre deberían ejercer y defender.

El poder Ejecutivo local (sector centralizado, paraestatal y alcaldías) ejerce más del 90% del gasto público local.

En el año 2020, el gasto autorizado para el sector público de la CDMX fue de 238, 975, 793, 216 (miles de millones de pesos); de los cuales 250, 949, 214 (mdp) se destinaron para el Tribunal Electoral de la CDMX (TECDMX); como se advierte, sólo el 0.1% se asignó a ese órgano jurisdiccional especializado en material electoral y procesos democráticos. Es evidente que el costo por la operación de esa autoridad electoral es bajo, comparado con el gasto público total y la importante función de resolver conflictos políticos por la vía judicial.

Los tribunales electorales cumplen una función importante que es reafirmar la calidad de nuestra democracia. Al impartir justicia garantizan derechos y la vida político-electoral en la federación y las entidades federativas.

Las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales) sufren constantes regateos del dinero público que les asigna el Legislativo. Las causas, pretextos o justificaciones son variadas y depende del año de la reducción, pero siempre es el Ejecutivo quien encabeza la embestida. Históricamente son más recurrentes y graves las tensiones en las entidades federativas entre gobernadores y esas autoridades; aunque actualmente existe una pulsión inédita entre el INE y la Presidencia de la República.

En la ciudad, un capítulo más de la fricción está desarrollándose.

El Tribunal Electoral Federal ordenó a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas, entregar 7 millones 768 mil 53 pesos con 67 centavos, que omitieron cubrirle al TECDMX, correspondientes a los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre de 2020. A la fecha no ha entregado la cantidad.

La orden fue por el incumplimiento gubernamental a una sentencia previa.

La secretaría no entregó un gasto asignado a una institución que no representa ni el 1% de lo que ejerce la administración pública y con un proceso electoral iniciado en septiembre. El gobierno con esa acción torpedea la función electoral jurisdiccional.

Anímese a incumplir con un requerimiento de la Secretaría de Finanzas, a ver cómo le va; ah, pero si usted u otra autoridad le reclama un incumplimiento es posible que le valga una pura y dos con sal. En los hechos, la contención constitucional del poder por otro no existe; sólo los chicharrones del ejecutivo truenan.

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