El senador Ricardo Monreal ha decidido postergar por tres semanas la discusión sobre la regulación de las redes sociales.
Es una buena decisión en la medida en que este tiempo sirva para un debate auténtico y se esté dispuesto a escuchar otras voces, que, de hecho, son muy diferentes a su propuesta. No va a servir de mucho un parlamento abierto si no se está dispuesto a escuchar y eventualmente cambiar, como ya ha sucedido en otras ocasiones.
El tema es enormemente complicado y más si se cierran las puertas al debate y se quiere imponer una regulación ajena a los elementos que componen las redes, los cuales le dan vida y sentido.
Quisiéramos creer que la decisión pasa por una reflexión que alcanza al Presidente, presumimos que el legislador está fundamentalmente siguiendo, o tratando de seguir, las indicaciones presidenciales.
Buena parte del debate se desató a partir de la decisión de cerrar la cuenta de Donald Trump. La decisión, sin duda controvertida, llevó al Presidente mexicano a imaginar que circunstancias similares le podrían afectar. Todo indica que uno de los motivos para regular las redes pasa más por una potencial afectación que por tratar de darle una organización actualizada a las redes, lo cual puede definir un país de manera unilateral.
La decisión de cerrar la cuenta de Trump tiene que ver con un conjunto de disposiciones legales en EU, las cuales tienen a la empresa privada como un eje determinante a diferencia del papel rector que en sociedades como la nuestra juega el Estado.
Independientemente de esto es necesario entrar al debate. El tema está en todo el mundo distinguiéndose hasta ahora dos tendencias. En EU prevalece la idea de que sean las empresas privadas las que determinen los terrenos en que se deben mover las redes. Jorge Fernando Negrete nos comentaba ayer que en EU se está buscando una especie de regulación soft (suave).
En Europa prevalece otra idea. En las discusiones que se han dado en el Parlamento Europeo se parte de que sea el Estado quien se encargue de ello. Los debates apenas empiezan, pero se reitera que no se pueden tomar decisiones unilateralmente, debido a que las redes son universales y si algo tienen como esencia es la libertad.
Uno de los elementos que mayor controversia provoca es el que tiene que ver con las “noticias falsas”. ¿Quién va a determinar que son falsas cuando la impugnación venga de parte de funcionarios que más que apelar a la verdad y a los hechos lo que quieren evitar es la crítica?
La regulación podría derivar en actos de censura, la propuesta en esta materia es ambigua y no deja en claro los criterios bajo los cuales se fundamentarían las decisiones, una de las grandes preguntas es quién va a determinar que una noticia es falsa.
Lo que por ningún motivo se puede permitir es colocar en entredicho a la libertad de expresión, sin pasar por alto que ésta es un derecho relativo, que no absoluto.
El régimen bajo el cual están los llamados medios de comunicación “tradicionales”, por más que tenga una definición constitucional, no por ello se la pasan en medio de controversias, muchas de ellas inevitables, pero al fin y al cabo se han creado normas y reglas que en lo general permiten convivir.
Otro de los elementos a atender es el papel que se propone juegue el IFT. El instituto entrará en terreno de sobrerregulación, siendo que hace pocas semanas se hablaba de su integración a la SCT, su pérdida de autonomía y hasta su desaparición.
Si el debate va en serio esto puede ser un gran inicio, lo contrario, es abrirle la puerta al fantasma de la imposición y la censura… le seguiremos.
RESQUICIOS
Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, ha reiterado una y otra vez en la necesidad de ser conscientes de la gran cantidad de niños huérfanos que ha dejado la pandemia, no hay ni base de datos. No sólo es la pérdida de los padres son todas las secuelas que esto ya está dejando en los infantes.
