El 4 de febrero pasado, el Consejo de la Judicatura Federal publicó en el Diario Oficial un acuerdo y una convocatoria que establecen las bases para nombrar, en dos concursos, 60 magistrados de circuito. Este proceso deriva de la reforma constitucional que implicó la desaparición de los tribunales unitarios y su sustitución por tribunales colegiados de apelación. La diferencia esencial entre unos y otros se refiere a su integración: mientras los primeros requieren de un titular para funcionar, los segundos necesitan tres. De ahí que el Consejo emitiera una convocatoria pública para cubrir las vacantes en los nuevos órganos jurisdiccionales.
En ambos concursos, los requisitos para participar y la evaluación de aspirantes se realizarán utilizando los mismos criterios. La diferencia radica en que uno está dirigido al nombramiento de magistradas y el otro de magistrados. La adopción de esta medida de acción afirmativa permitirá aminorar la brecha de género prevaleciente entre el número de mujeres y hombres titulares de órganos jurisdiccionales.
Constan de dos etapas: en la primera, se aplicará un cuestionario de 50 reactivos de opción múltiple para determinar si los aspirantes tienen suficientes conocimientos jurídicos. A la siguiente etapa pasarán las mujeres y hombres que hayan obtenido las 45 calificaciones más altas, sin que éstas puedan ser menores a 80 puntos, y en la segunda, resolverán un caso práctico y presentarán un examen oral. La resolución del caso consistirá en la elaboración de un proyecto de sentencia. La evaluación estará a cargo de un comité técnico compuesto por un consejero de la judicatura, un magistrado de circuito y un miembro del comité académico del Instituto de la Judicatura. Respecto a la examinación oral, los aspirantes harán una exposición de hasta 15 minutos respecto a algún tema jurídico previsto en el temario, ante un jurado formado de manera similar al comité técnico recién referido. Sus integrantes podrán formular las preguntas que estimen necesarias para posteriormente asignar una calificación. La evaluación final se dará sobre 100 puntos, correspondiéndole 50 puntos para el caso práctico y 50 para el examen oral. Los vencedores serán las 30 mujeres y los 30 hombres que obtengan las calificaciones más altas en cada uno de los concursos.
Aunque la convocatoria señala que los concursos son libres, lo cierto es que esa “libertad” está muy acotada. Los aspirantes deberán ser jueces de distrito en funciones o comisionados, con una antigüedad mayor a tres años, o bien, haber sido secretarios de estudio y cuenta de la Corte, que sigan trabajando en el Ppoder Jjudicial federal, con siete años de antigüedad. Esto significa que los secretarios de tribunales y juzgados locales, así como los litigantes que cumplan los demás requisitos, están impedidos de participar. La realización de estos concursos merece ser elogiada por la adopción de medidas de acción afirmativa. Es objetable, sin embargo, que se restrinja la participación de los abogados ajenos a la judicatura federal. Ojalá a futuro los concursos para jueces y magistrados sean realmente libres
