Esta semana se discutiría en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social que impugnaran, vía diferentes acciones de inconstitucionalidad, tanto 51 senadores de la anterior legislatura, como la CNDH y Movimiento Ciudadano.
Hay que recordar que por resolución de la misma Primera Sala de la SCJN en noviembre de 2017, se aprobó la propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea que ordenaba al Congreso de la Unión a expedir una ley que regulara el gasto en publicidad oficial, esto antes del 30 de abril de 2018; la omisión del Congreso hasta ese momento de no regular la materia, también iba acompañada de amparos de organizaciones civiles que exigían a los representantes populares ponerse a legislar en estos temas.
La resolución fue importante, ya que establecía nuevamente un criterio fundamental al Congreso de la Unión, que cuando existe un mandato constitucional, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo.
Pues bien, la omisión legislativa obligó a que los anteriores diputados y senadores, trabajaran un nuevo marco jurídico que regulara la comunicación social gubernamental, tema sumamente controversial y que históricamente ha tenido bandos muy identificados, mitos y realidades inobjetables pero que finalmente, el proceso alentaba a que todos pudieran ponerse de acuerdo en una ley que estableciera reglas claras y se terminara –momentáneamente-- un tema nacional que ha sido estandarte de tinteros, políticos y hasta marchistas.
El andamiaje parecía provechoso, pero los tiempos no tanto: el proceso electoral 2018 estaba en puerta y con ello los humores políticos cambian; y fue así que en lugar que se debatiera un auténtico proceso de comunicación que lograra la mayor difusión entre la población y el Gobierno, pero al mismo tiempo con reglas de gasto transparente, eficiente y eficaz de los recursos públicos que se emplean en la comunicación social, se volvió otro tema de trincheras, descalificación y de campañas, que terminó ¿En dónde creen? En la Corte.
Y en eso estamos. Nuevamente la SCJN, ahora bajo la tutela proyectista del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, deberá determinar si es constitucional o no, la ya famosa Ley General de Comunicación Social o también mal llamada “Ley Chayote”.
Tema polémico con infinidad de análisis, pero que nuevamente llega en un momento nada propicio para ponerse en la agenda nacional… el proceso electoral 2021.
Indudablemente, lo mejor que pudo hacer la SCJN fue retirarlo de la escena y dejarlo para otro momento que las condiciones estén más frías entre campañistas, legisladores y jueces.
No perdamos de vista que fue una ley mandatada por la misma Corte y que si bien tuviera insuficiencias legislativas, el peor escenario es seguir sin una ley con reglas en las que los medios, gobiernos, sociedad civil organizada y ciudadanos estemos medianamente de acuerdo y nos sea funcional.
En el mundo de las leyes todo es mejorable, pero no contar con un marco jurídico referencial en la regulación de la comunicación social gubernamental, es el peor de los mundos para las discrecionalidades, para la libertad de expresión, de prensa y de información.
Si el suspender la discusión del tema en la SCJN, es para darle un respiro a la razón y dejar que pase la lluvia electoral, fue sin duda, una sabia decisión de atemperar.
