Este 2021 serán las elecciones más grandes de México, en donde se renovará completamente la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral, para lo que será necesaria la instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil supervisores y capacitadores electorales.
Otro aspirante ultimado
Todo este proceso se da en un México que vive momentos convulsos, donde la violencia es cada vez más intensa y cotidiana y en donde está sobre la mesa el futuro político del país.
La ola de violencia que sacude al país hace que hoy ser candidato en muchas zonas de México es de alto riesgo, a la fecha se han registrado ya una decena de asesinatos.
Hasta el 6 de marzo, el Indicador de Violencia Política de Etellekt registraba 151 agresiones a políticos, con un saldo de 46 asesinados, 10 de ellos, aspirantes a cargos de elección.
El 76 por ciento del total de políticos asesinados pertenecían a partidos contrarios al instituto político que gobierna en la entidad, mientras que el 87 por ciento de estos crímenes ha ocurrido en el ámbito municipal.
Mientras que el pasado jueves, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que de septiembre del 2020 a febrero del 2021 se cometieron 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, de los cuales 64 fueron víctimas de homicidio.
Sin embargo, para Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, las cifras presentadas son incorrectas, ya que, a su consideración, se están contabilizando personajes que no son políticos, funcionarios sin militancia partidista.
Lo cierto es que el estado que registra mayor riesgo es Veracruz, ya que concentra el 21 por ciento de las 151 agresiones registradas por Etellekt.
Apenas el jueves de la semana pasada, el priista Yuriel Armando González Lara, aspirante a la alcaldía del municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue asesinado. De acuerdo con las autoridades, los responsables habrían sido integrantes del cártel de La Línea.
Ese mismo día, José Melquiades Vázquez, precandidato a la alcaldía de La Perla, Veracruz, también abanderado por el PRI, fue asesinado.
Ambos asesinatos ocurrieron luego de que el Gobierno federal anunciara un plan para reforzar la protección de candidatos.
El 15 de febrero también fueron asesinadas la exalcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlin, y su hija, Carla Guadalupe Enríquez, quien era precandidata del partido Morena para la alcaldía de dicho municipio en Veracruz.
Cuatro días antes, se había registrado el crimen de Gilberto Ortiz Parra, otro aspirante de Morena al gobierno municipal de Ursulo Galván, también en Veracruz.
De acuerdo con el sitio web La Lista, del 7 de septiembre de 2020 al 4 de marzo de 2021, fueron asesinados siete candidatos en Veracruz, tres en Guerrero, uno en Guanajuato y otro más en Quintana Roo, asesinatos que se sumaron al de Yuriel Armando González Lara.
Según el sitio web, en este proceso electoral se han registrado 30 agresiones contra aspirantes, mientras que 88 personas (76 hombres y 12 mujeres) fueron víctimas de violencia política en México, de las cuales 64 fueron asesinadas.
Lo cierto es que sea cual sea la lista, las cifras son escandalosas, es por eso que el Gobierno federal busca proteger a los candidatos de las elecciones ante este creciente clima de violencia.
La llamada Estrategia de Protección en Contexto Electoral, es el plan con el que se brindará protección a los candidatos ante el crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio.
López Obrador aseguró que “va a haber protección, se está hablando con gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo a candidatos a presidentes municipales, que son muchos los que se van a elegir, muchísimos candidatos. La protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser la intromisión a la fuerza a un proceso electoral”.
En México, más de la mitad de los eventos de violencia política como asesinatos y heridos se han presentado en seis entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Baja California y Jalisco, y en entidades como Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco existe el riesgo de que los candidatos a un cargo público tengan “cooptación” de la delincuencia organizada.
La campaña del 2018 es considerada la campaña más violenta en la historia de México, con 154 víctimas mortales. Para este 2021, la violencia no se ha erradicado.
Para José Agustín Ortiz Pinchetti, titular de la Fiscalía para Delitos Electorales (Fepade) de la Fiscalía General de la República (FGR), los asesinatos o atentados contra candidatos “es muy característico, por desgracia” de las elecciones mexicanas.
De ahí la importancia de que se haya formado una Comisión de Estrategia de Seguridad para proteger a los candidatos. Además, resaltó que la Fepade celebró convenios de colaboración con 30 entidades a través de sus fiscales generales, con los cuales habrá ayuda mutua a garantizar la limpieza de las elecciones.
En casi todos los casos de candidatos asesinados se trata de violencia política. El 70 por ciento de estos asesinatos los cometen comandos armados, a sueldo de cualquiera que pueda pagarlo. Sicarios contratados, para que, si un candidato no es afín a estos delincuentes, simplemente le quiten la vida.
Por eso es tan importante esclarecer el móvil de los asesinatos a candidatos, para que además de que se haga justicia, poder determinar en dónde el crimen organizado se quiere apoderar de posiciones políticas.
Porque de los asesinatos que se han dado, hay muy pocas sentencias. Las autoridades, generalmente relacionan estas muertes con temas personales, familiares, rencillas sentimentales, asaltos a la propiedad, etcétera, lo cual es más conveniente que catalogarlos como crímenes puramente políticos.
Es un tema al que se le tiene que poner especial atención en estos días, porque las campañas ya empiezan y se va a intensificar la violencia.