No son nuevas las movilizaciones contra el racismo y el machismo en América Latina. La historia de ambas se confunde con la lucha contra la esclavitud y la discriminación, por el sufragio, el trabajo y la igualdad entre hombres y mujeres. Lo nuevo del feminismo latinoamericano es el rigor de una perspectiva de género, madurada por varias generaciones de intelectuales mujeres, y la intensidad que le confiere la juventud globalizada y conectada del siglo XXI.
En el libro América Latina. Del estallido social a la implosión económica y sanitaria (Crítica, 2020), que coordinamos con el colega Vanni Pettinà, la feminista cubana Ailynn Torres Santana argumenta algo válido para toda la región: las nuevas demandas feministas, como las antirracistas y ambientalistas, comienzan a autonomizarse dentro de las agendas tradicionales de la sociedad civil y los movimientos sociales y denuncian el estancamiento legal del enfoque de género por parte de los estados latinoamericanos y caribeños.
Lo que hemos visto en días recientes en países como Brasil, México, Argentina, Ecuador y Chile evidencia, una vez más, que ese estancamiento afecta, en distintos niveles de gravedad, a gobiernos de derecha o izquierda. En Argentina, hace apenas unos meses, el gobierno de Alberto Fernández promovió una ley que garantiza el aborto gratuito y asistido. En México y Brasil, Venezuela y Colombia, Perú y Chile, persiste la penalización, si bien en México se han producido avances notables en algunos estados.
Los índices de acoso sexual, violencia contra las mujeres y feminicidios siguen siendo extremadamente altos en América Latina como región. En México, la situación es especialmente grave, de acuerdo con un informe reciente de Amnistía Internacional, que señala que los casos de feminicidios van en aumento: si en 2015 se abrieron 411 carpetas por esa causa, en 2020 se abrieron 860, casi el doble. Esas cifras, como apunta el periodista Albinson Linares, quedan muy por debajo de las estadísticas reales, ya que tan sólo en 2019, según datos oficiales, se produjeron en México 911 feminicidios y 2,862 homicidios dolosos contra mujeres.
Estas estadísticas hablan del retraso de las leyes y la justicia frente a la violencia de género. La gravedad del caso mexicano no ilustra una excepción sino una norma de los procesos legislativos y de administración de la justicia en América Latina. Las leyes contra la violencia de género y de prevención, identificación y castigo de los feminicidios van tres pasos atrás del machismo y la misoginia en nuestros países.
Esa distancia se acrecienta en estos días, cuando a las condiciones de desigualdad y desamparo que viven millones de mujeres, se suma la represión de las marchas feministas en varias ciudades latinoamericanas. Represión y descalificación, desde gobiernos de derecha o izquierda, que llegan a presentar a los colectivos de mujeres como “golpistas” o “fascistoides”.