Con debilidades, obstaculizada, desarticulada, con inconsistencias, inoportuna, con carencias y limitada, con todos estos calificativos la Auditoría Superior de la Federación se refiere a la Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la cual revisó con lupa en el periodo 2007 a 2019.
De entrada, dice la Auditoría, al definir a los responsables para cumplir dicha ley, que “no se especificaron atribuciones para el Poder Judicial federal y local, en quien recae la impartición de justicia”.
Asegura, también, que fue hasta 2014 y 2020 que se publicaron lineamientos normativos y reglamentos necesarios para dar cauce a la erradicación de la violencia contra la mujer que vive 66.1% de la población femenina en México, a pesar de que se debía publicar a los 90 días siguientes a la entrada en vigor del Decreto de la Ley General, es decir, desde 2007.
Por si fuera poco, destaca, “el diseño presupuestario no fue consistente con el problema público” y de 395 programas presupuestarios de los 28 actores institucionales federales, sólo en 4 -o sea el 1%- se destinaron y ejercieron recursos para la implementación de dicha política.
En el periodo 2010-2019, se observó una tendencia al alza de los casos de violencia contra la mujer, con un aumento en promedio anual de 11.4%, al pasar de 46 mil 565 casos en 2010 a 122 mil 545 en 2019, y no hay mecanismos que digan a qué obedece esta tendencia, si es porque las mujeres se acercan más para denunciar o simplemente hay un crecimiento de la violencia.
Además, de los 500 mil 239 hechos de violencia contra la mujer registrados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, se identificó que en 15 mil 764 se presentó recurrencia de los actos de violencia hacia ellas, que mostraron que no se garantizó la no repetición, con las medidas de atención, sanción y erradicación.
Y los datos encontrados por la ASF en su revisión a esta política también revelan que de la prestación del servicio de orientación psicológica, legal, canalización y seguimiento mediante una línea telefónica, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres no contó con los archivos de audio, así como de la documentación que sustente los reportes de las llamadas atendidas, chats y correos electrónicos que muestren que los servicios se otorgaron por dichos medios.
Por si fuera poco, en el análisis a la Cuenta Pública 2019, la Auditoría reportó que entre 2016 y 2019, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó tres mil 282 feminicidios en el país. Sin embargo, en su corte mensual, el Secretariado suma un total de tres mil 183 casos en el mismo periodo, es decir, que hubo 99 feminicidios más que los que se contabilizan oficialmente.
En más de una década, y a lo largo de tres sexenios, el Estado mexicano no ha podido erradicar esta violencia y lo único que ha hecho es poner vallas para proteger Palacio Nacional. Los datos que reporta la Auditoría nos desnuda el porque en México ser mujer es una sentencia de muerte.
