En la reforma constitucional de 1996 se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quedando su administración a cargo de una comisión del Consejo de la Judicatura Federal, compuesta por cinco miembros: dos del tribunal y tres del Consejo. Del tribunal participan su magistrado presidente (quien la preside) y otro magistrado designado por insaculación.
Los consejeros comisionados para administrar el tribunal electoral son el magistrado de circuito y el designado por el Senado, ambos con mayor antigüedad, así como el nombrado por el Presidente de la República. Además de estos cinco integrantes, con voz y voto, la comisión de administración cuenta con un secretario quien únicamente tiene voz. Para que sus acuerdos sean válidos, es preciso que sesione con al menos tres de sus cinco integrantes, quienes podrán tomar decisiones de manera unánime o por mayoría de votos.
Las normas que rigen el funcionamiento de la comisión de administración del tribunal electoral nos ayudan a entender mejor el pleito suscitado en la sesión del pasado 4 de marzo, entre su presidente y los consejeros de la judicatura. La ley prevé que sus sesiones sean privadas; no obstante, la privacidad de esa sesión quedó comprometida al día siguiente, con la publicación de una columna en un diario capitalino que acusaba al consejero Jorge Cruz de querer modificar un acuerdo, aprobado el 28 de enero, relacionado con el financiamiento para proyectos especiales. Ese mismo día, el Consejo de la Judicatura publicó un comunicado señalando que, contra lo afirmado en la columna anónima, había sido el presidente del tribunal, José Luis Vargas, quien había intentado desconocer y manipular el sentido del acuerdo aprobado.
El 8 de marzo, el tribunal emitió un duro comunicado acusando, no sólo al consejero Cruz, sino también a la consejera Ortiz y al consejero Bátiz, de impedir el correcto funcionamiento del tribunal. Ese mismo día, cinco de los siete magistrados electorales, mediante escritos personales, se deslindaron del comunicado institucional, precisando que no habían sido consultados sobre su contenido, respaldando a los consejeros e insistiendo en que la legalidad debe regir el actuar de los funcionarios del tribunal electoral. Al día siguiente, el magistrado Vargas convocó para mañana, 16 de marzo, a una sesión extraordinaria de la comisión de administración a fin de resolver las diferencias.
Los ciudadanos contribuimos a financiar un tribunal electoral encargado de resolver las impugnaciones en las elecciones federales, tanto de legisladores como la presidencial. No lo hacemos para que su presidente protagonice pleitos con los consejeros de la judicatura. Es evidente que el conflicto se origina en el destino de los poco más de 3 mil millones de pesos autorizados en el presupuesto para 2021. Recordemos que los acuerdos de la comisión de administración requieren para ser válidos de un mínimo de tres votos, lo que vuelve imposible concretar cualquier decisión sin la anuencia de los consejeros Bátiz, Cruz y Ortiz. Mantengámonos atentos a lo que suceda en la sesión de mañana.
