La diatriba presidencial contra el juez Juan Pablo Gómez Fierro, el amago de examinarle hasta por debajo de los dientes por detener extensivamente la “Ley combustóleo”, es el vehículo de bien elaborada pichada de Andrés Manuel López Obrador: en lugar de perderse en los “bases por bola” de medio millar de amparos promovidos por empresas privadas, su objetivo fue llevar a la SCJN, que encabeza Arturo Zaldívar, la discusión definitiva sobre los principios constitucionales de competencia económica.
Y sí, AMLO ganó la primera base. La SCJN retomó su misiva para iniciar el proceso.
El cátcher de la singular jugada resultaría el área jurídica, pues allana un cúmulo de recursos en un solo tema bajo la certeza de que la política energética del país puede ser modificada legalmente por la Secretaría de Energía, ahora al mando de Rocío Nahle, y que el cambio del despacho de energía en favor de la CFE sobre los generadores privados no implica necesariamente una violación a los principios de competencia económica y antimonopólicos contenidos en la Carta Magna.
Esto, porque la nueva ley de servicio eléctrico alude a que la sustitución del criterio económico por el de propiedad estatal en el despacho de energía reduce el beneficio que obtienen los generadores independientes y de autoabasto eléctrico privado, pero —ojo— sin que ello derive en una mayor tarifa en el efecto más perverso de un monopolio, como que la CFE eleve sus tarifas eléctricas a familias o empresas…, pues la diferencia de sus mismas tarifas y mayor costo de producción estatal (al relegar los costos privados más bajos), sería cubierta con mayores precios entre sus subsidiarias al interior de la empresa productiva del Estado que, por tal condición legal, requerirá subsidios para evitar acumular multimillonarias pérdidas.
… but, I love New York. Curiosamente esa estrategia tiene en ello su mayor debilidad en juicios nacionales e internacionales: usar la potestad del Estado para usar su balance financiero para desplazar competidores sin tener la autoridad constitucional para ello (la CFE, de Manuel Bartlett, tendría que ser “empresa de servicio público sin fines de lucro” y no “productiva del Estado”) le lleva ejercer una de las más punibles prácticas monopólicas.
Vaya que tendrá trabajo Alejandra Palacios al frente de la Comisión Federal de Competencia Económica.
Lo grave ahora es la internacionalización del conflicto, pues la Barra de Abogados de Nueva York, que dirige Bret Parker, presentó ayer un fortísimo posicionamiento en favor de los colegas en México, luego de que el Presidente López Obrador señaló a los abogados mexicanos como “traidores a la patria” por defender los derechos de las empresas internacionales que han invertido en el país, acotando que los decires presidenciales violan la carta de Derechos Humanos de la ONU. Por cierto, ¿en qué ciudad están radicados los contratos de generación eléctrica que están en disputa por la 4T?
Sí, en Nueva York.
Se le armó a Medel. Por cierto, los propios correligionarios morenistas de la diputada Carmen Medel le recriminaron ayer en redes sociales su proceder para intentar aplicar la agenda de Michael Bloomberg para prohibir la venta de vapeadores, pero también su iniciativa subterránea para prohibir la exhibición de cigarrillos en el pequeño comercio y obligar a que las tabacaleras sólo puedan ofrecer un producto “genérico” con cajetillas de color y tipografía uniforme. ¿Quién diría que el colonialismo filantrópico puede derivar en un fascismo sanitario?
Chismes con alas. Eso de que Delta, que preside Ed Bastian, cambiará en pocas semanas a toda la plana directiva de Aeroméxico es un chisme. Cualquier anuncio —o anticipo— sobre tal cambio pasará necesariamente por el escritorio de la jueza de quiebras de Nueva York, Shelly Chapman, para ser aprobado bajo las reglas del Capítulo 11 y no se cometería el error infantil de nombrar a los sobrecargos como “aerocargos”. En todo caso, será en diciembre próximo cuando se evalúen los resultados de la conducción de Andrés Conesa en la crisis aérea más grave de la historia.